Sin intérpretes ni defensa efectiva: pueblos originarios de Veracruz enfrentan barreras persistentes en la justicia

Acusan discriminación estructural y omisiones institucionales que vulneran derechos fundamentales en las Altas Montañas

Veracruz, a 4 de febrero de 2026.- La carencia de intérpretes en lenguas originarias dentro de fiscalías y tribunales de Veracruz continúa dejando en estado de indefensión a integrantes de pueblos indígenas. Miguel Acevedo Julio, representante del Frente de Comerciantes Indígenas “Tlayacapan Tlanemakakeh Mazehualtih”, advirtió que esta omisión histórica impide procesos legales justos y perpetúa la discriminación institucional hacia comunidades que, además de enfrentar rezago social, deben atravesar un sistema judicial que no habla su idioma ni comprende su contexto cultural.

Una justicia que no se escucha en lengua indígena

Para muchos integrantes de pueblos originarios en Veracruz, el acceso a la justicia no solo es limitado, sino prácticamente inaccesible. Así lo señaló Miguel Acevedo Julio, presidente del Frente de Comerciantes Indígenas “Tlayacapan Tlanemakakeh Mazehualtih”, quien denunció que la ausencia de intérpretes en lenguas maternas sigue siendo una constante tanto en fiscalías como en juzgados del estado.

De acuerdo con su testimonio, esta situación ha sido histórica y se mantiene vigente en el Poder Judicial de Veracruz, en el Poder Judicial de la Federación y en las Fiscalías Regionales de la Fiscalía General del Estado. Sin traducción adecuada, muchas personas indígenas no comprenden los cargos que se les imputan, los procedimientos legales ni las implicaciones de sus declaraciones.

Procesos legales marcados por la desventaja

Acevedo Julio subrayó que la falta de intérpretes no es un detalle administrativo, sino un factor que incide directamente en la libertad y el destino legal de las personas. En varios casos, explicó, hombres y mujeres indígenas han sido procesados e incluso encarcelados sin haber entendido plenamente el proceso judicial que enfrentaban.

Esta barrera lingüística se suma a otros factores como la pobreza, la distancia geográfica de sus comunidades a las cabeceras judiciales y la falta de asesoría jurídica culturalmente pertinente. El resultado es un escenario donde la defensa adecuada se convierte en un privilegio al que no todos pueden acceder.

Discriminación estructural y rezago institucional

El representante indígena enfatizó que este problema refleja una forma de discriminación estructural. Aunque la ley reconoce el derecho de los pueblos indígenas a contar con intérpretes y defensores que hablen su lengua y comprendan su cultura, en la práctica esos derechos no siempre se garantizan.

En regiones como las Altas Montañas de Veracruz, donde habitan comunidades nahuas y de otros pueblos originarios, la carencia de personal capacitado en lenguas indígenas dentro de las instituciones de justicia profundiza la brecha entre lo que marca la ley y la realidad cotidiana.

Más allá de lo jurídico, esta omisión también impacta en la confianza hacia las autoridades. Cuando una persona no entiende lo que ocurre en una audiencia o en una declaración ministerial, el sistema deja de ser un espacio de protección y se convierte en una estructura ajena y, muchas veces, hostil.

Un llamado a garantizar derechos, no solo a reconocerlos

Miguel Acevedo Julio insistió en que no basta con que los derechos estén plasmados en la Constitución y en tratados internacionales. Se requiere voluntad institucional, presupuesto y capacitación para contar con intérpretes certificados y defensores con enfoque intercultural.

La justicia, afirmó, debe ser comprensible para todas las personas, sin importar su lengua materna. De lo contrario, se perpetúa un círculo de exclusión donde los pueblos originarios siguen siendo los más vulnerables ante el sistema penal.