Decreto 492 reconfigura la vida municipal en Veracruz: profesionalización, control y paridad como ejes de gobierno
La reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre fortalece a la Policía Municipal con capacitación obligatoria y controles de confianza
Por Arquímedes González.
Misantla, Ver., a 24 de diciembre de 2025.- Con la publicación del Decreto Número 492 en la Gaceta Oficial del Estado, el Gobierno de Veracruz formalizó una reforma estructural a la Ley Orgánica del Municipio Libre. Las modificaciones impactan directamente en la seguridad pública municipal y en la profesionalización de los gobiernos locales, al establecer capacitación permanente, controles de confianza, experiencia mínima para mandos policiales y requisitos académicos para funcionarios clave, bajo un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y paridad.
Un decreto que redefine la seguridad pública municipal
El corazón del Decreto 492 se encuentra en la reforma al artículo 47, fracción IX, donde se fija como obligación de los ayuntamientos promover de manera permanente la capacitación, formación y desempeño de quienes integran la Policía Municipal.
La norma establece que la actuación policial deberá regirse por principios claros: servicio a la sociedad, disciplina, respeto irrestricto a los derechos humanos, imperio de la ley, mando superior y perspectiva de género. Esta disposición no solo eleva el estándar operativo de las corporaciones locales, sino que también las alinea con los principios constitucionales y las políticas nacionales en materia de seguridad pública.
Control de confianza y experiencia: el nuevo filtro para mandos policiales
Uno de los cambios más relevantes es la obligación de supervisar que la persona encargada de la seguridad pública municipal cuente con acreditación vigente en las pruebas de evaluación de control y confianza, expedidas por los órganos competentes.
El artículo 73 Septies Decies detalla las atribuciones del mando policial, entre las que destacan la preservación de la tranquilidad ciudadana, la vigilancia del Bando de Policía y Gobierno, la prevención del delito y la coordinación con corporaciones estatales y federales.
Para ocupar este cargo, la ley ahora exige tres condiciones fundamentales:
Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.
Contar con certificación institucional.
Acreditar al menos tres años de experiencia en materia de seguridad.
Con ello, la reforma busca cerrar espacios a designaciones improvisadas y fortalecer el perfil técnico de quienes encabezan la seguridad en los municipios.
Profesionalización administrativa y paridad de género
El Decreto 492 también introduce cambios sustantivos en el artículo 68, enfocados en la profesionalización de los cargos directivos municipales. Los ayuntamientos deberán emitir disposiciones reglamentarias que regulen los nombramientos, observando de manera obligatoria el principio de paridad de género y garantizando igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Para dependencias estratégicas —como la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, la Dirección de Obras Públicas y la Contraloría— se establece como requisito contar con título y cédula profesional legalmente expedidos, afines al cargo, con una antigüedad mínima de un año al momento de la designación.
En otros puestos directivos, cuando no se cuente con dicha documentación, será indispensable acreditar experiencia comprobable en el ramo, a juicio de la autoridad facultada.
Lectura política y administrativa de la reforma
Más allá del ajuste normativo, el Decreto 492 representa una señal política clara: el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo apuestan por ayuntamientos más profesionales, con funcionarios preparados y cuerpos de seguridad con mayores controles y capacidades.
La reforma responde a demandas sociales históricas relacionadas con la inseguridad, la improvisación administrativa y la desigualdad en el acceso a cargos públicos, planteando un rediseño institucional que, en el papel, fortalece la gobernabilidad local.
Con este decreto, Veracruz establece nuevas reglas para la vida municipal, colocando la profesionalización, la seguridad pública y la paridad de género como pilares del funcionamiento de los ayuntamientos en la entidad.
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