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Detienen a exagente del Cisen por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta

La FGR identifica a Jorge Antonio Sánchez Ortega como presunto segundo tirador
Baja california, a 9 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este 9 de noviembre de 2025 la detención en Tijuana, Baja California, de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por su presunta participación como segundo tirador en el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas. La nueva orden de aprehensión se deriva de investigaciones recientes que apuntan a un encubrimiento oficial durante el periodo de Genaro García Luna en el órgano de inteligencia.

Una captura que reabre un capítulo oscuro de la historia política mexicana

El magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI en 1994, es uno de los episodios más controvertidos de la historia moderna de México. Aunque Mario Aburto Martínez fue detenido como autor material, múltiples irregularidades y contradicciones en la investigación dejaron abiertas sospechas sobre la existencia de más de un tirador.

De acuerdo con la FGR, el detenido Sánchez Ortega se encontraba en la zona del atentado y vestía una chamarra manchada con sangre del candidato minutos después del ataque. En aquel momento, dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, que detecta residuos de disparos de arma de fuego, pero fue liberado “por falta de elementos”.

El exagente del Cisen y la sombra del encubrimiento

La nueva indagatoria de la FGR, reactivada en 2024, determinó que Sánchez Ortega era un agente del Cisen asignado al equipo de seguridad del candidato presidencial, y que su liberación habría sido resultado de una red de encubrimiento institucional.

En el informe presentado por la Fiscalía, se señala que en aquel entonces Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, fungía como subdirector operativo del Cisen y habría intervenido para obstaculizar la investigación y garantizar la liberación del agente.

“El caso Colosio fue manipulado desde sus primeras horas. La liberación de Sánchez Ortega representó un encubrimiento delictivo que impidió conocer la verdad durante más de tres décadas”, señala el documento ministerial.

Reactivación del caso y nueva línea de investigación

El nuevo proceso judicial contra Sánchez Ortega se enmarca en los esfuerzos del Estado mexicano por reabrir casos emblemáticos de impunidad histórica.
En 2024, la FGR había anunciado la integración de un grupo especial para revisar el expediente Colosio, con base en nuevas pruebas periciales, testimonios y documentos desclasificados provenientes de archivos de inteligencia.

La detención del exagente fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial y se llevó a cabo sin incidentes en la ciudad de Tijuana. Se prevé que en las próximas horas sea trasladado a la Ciudad de México para rendir declaración ante un juez de control.

La memoria de Colosio y el peso del pasado

El asesinato de Colosio Murrieta marcó un antes y un después en la vida política de México. Su discurso en Lomas Taurinas, minutos antes de morir, sigue siendo símbolo de un llamado a la justicia social y a la renovación del sistema político.

A más de 30 años del crimen, la figura de Colosio continúa siendo un referente moral para amplios sectores de la sociedad mexicana, y su caso, un recordatorio de las heridas no cerradas en la transición democrática.

La detención de Sánchez Ortega podría modificar el rumbo histórico del expediente, abriendo una nueva oportunidad para esclarecer los hechos y responder a la demanda ciudadana de verdad y justicia.

Un caso que persiste en la memoria nacional

Con esta nueva detención, la FGR busca romper con décadas de impunidad institucional, reconfigurando la narrativa oficial de uno de los crímenes políticos más impactantes del siglo XX mexicano.
Mientras la investigación avanza, el país observa con atención el desenlace judicial de un proceso que, más allá de lo penal, representa una deuda pendiente con la historia y la democracia mexicana.

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