Zaldívar defiende desde Palacio Nacional la reforma a la Ley de Amparo y niega retroactividad: “No hay retrocesos en derechos”
“Estamos inmersos en una campaña de desinformación que busca hacer creer que las reformas son regresivas. Nada más lejos de la verdad. Esta reforma busca modernizar y hacer más accesible la justicia para todos”, puntualizó Zaldívar.
La reforma a la Ley de Amparo fue aprobada por el Senado de la República la tarde del 15 de octubre, con 81 votos a favor y 31 en contra, tras haber sido avalada previamente en la Cámara de Diputados con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones. El Gobierno Federal calificó su aprobación como “urgente y necesaria” para reducir la carga procesal y evitar la duplicidad de juicios.
Zaldívar explicó que los cambios impulsados por la presidenta Sheinbaum responden a la necesidad de actualizar un marco legal que, por décadas, ha sido utilizado de manera excesiva o incluso política, generando saturación en los tribunales y demoras en la impartición de justicia.
Entre los ejes centrales de la reforma destacan:
Evitar la duplicidad de juicios, con el fin de reducir la carga procesal.
Fortalecer la protección de los derechos humanos en los procedimientos judiciales.
Promover la digitalización de los procesos, acercando la justicia al ciudadano.
Reducir la burocracia judicial y agilizar los tiempos de resolución.
El exministro enfatizó que no existe retroactividad en materia procesal, y que las etapas de los juicios de amparo que están en curso o concluidos no serán modificadas ni afectadas por los nuevos lineamientos.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la reforma garantiza equilibrio y transparencia, al tiempo que limita los abusos en los amparos que históricamente han frenado decisiones judiciales en temas sensibles como lavado de dinero, evasión fiscal y deudores alimentarios.
“No hay suspensión provisional en casos donde ya existe una resolución de la Corte. Pero los implicados mantienen su derecho a proceso, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y de garantía”, precisó la mandataria.
La administración federal reafirmó que esta reforma no representa una amenaza a los derechos ciudadanos, sino una oportunidad para modernizar el sistema judicial mexicano y garantizar que la justicia sea más rápida, digital y equitativa.
Con ello, el Gobierno de México busca cerrar un ciclo de ambigüedades legales y avanzar hacia una justicia más eficiente, accesible y cercana al pueblo.
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