FGR lanza protocolo contra delitos hacia personas LGBT+: un paso histórico hacia la justicia y la no discriminación
El nuevo instrumento, elaborado en conjunto con la Fundación Arcoiris y diversos colectivos, busca no solo esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia, sino también proteger los derechos de las víctimas y sus familias a lo largo del proceso, evitando la revictimización.
Gloria Careaga, coordinadora de la Fundación Arcoiris, subrayó que uno de los avances más importantes es el reconocimiento de la llamada “familia social”: aquellas personas con las que la víctima eligió compartir vínculos de cuidado y apoyo, aunque no pertenezcan a la familia de origen.
“En México la discriminación comienza muchas veces en la familia. Hay quienes le dan la espalda a sus parientes LGBT. Cuando ocurre un delito, la familia elegida queda excluida del proceso. Este protocolo establece lineamientos para que se les reconozca y respete”, explicó.
El documento establece medidas concretas para evitar la revictimización, como no realizar preguntas innecesarias sobre la vida privada, cirugías o prácticas sexuales, respetar la identidad y el nombre con el que la persona se reconoce, y permitir cambios en el personal asignado si la víctima no se siente cómoda, sin que esto retrase el proceso.
Además, se plantea grabar declaraciones iniciales para reducir el impacto emocional y capacitar a los servidores públicos en temas de diversidad sexual y de género.
Para Rocío Suárez, directora del Centro de Apoyo a Identidades Trans, aunque este protocolo representa un paso significativo, su implementación no debe limitarse a fiscales y ministerios públicos, sino extenderse a las policías, que son quienes recaban los primeros indicios y suelen ser el primer contacto de las víctimas.
“La revictimización ocurre cuando a una mujer trans se le sigue tratando en masculino o se le pide una identificación que no corresponde a su identidad. Si la policía no aplica los protocolos desde el inicio, los casos pueden caerse en tribunales”, advirtió.
Recordó el caso de una compañera asesinada en Chiapas en 2006, cuyo proceso judicial se debilitó debido a que los agentes no preservaron correctamente las evidencias.
La FGR precisó que este protocolo se aplicará únicamente a nuevos casos de investigación, lo que significa que procesos anteriores no podrán beneficiarse de estas disposiciones.
No obstante, activistas consideran que este esfuerzo sienta un precedente clave para avanzar hacia una justicia incluyente y con perspectiva de derechos humanos.
Con este anuncio, México se coloca en una ruta más clara para combatir la impunidad y discriminación que, por años, han marginado a la comunidad LGBT+ en los procesos judiciales.
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