Gobierno de México aclara polémica por reforma a la Ley de Amparo: “No habrá retroactividad”.

México, a 3 de octubre de 2025.- En medio del intenso debate que ha generado la reciente aprobación de reformas a la Ley de Amparo en el Senado, el Gobierno de México fijó postura este viernes al recalcar que ninguna disposición legal puede tener efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, conforme lo establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno, aclaró que la controversia se originó por el artículo transitorio incluido en la minuta enviada a la Cámara de Diputados, el cual plantea que la reforma tenga carácter retroactivo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya había expresado un día antes que dicha retroactividad es “innecesaria” y contraria a lo que marca la Constitución.

Zaldívar explicó que la Ley de Amparo es una norma procesal, es decir, regula plazos, recursos, pruebas y suspensiones, por lo que sus nuevas disposiciones solo pueden aplicarse a actos posteriores a su entrada en vigor, no a procedimientos ya concluidos.

Para ejemplificar, el exministro de la Suprema Corte señaló:

“Si alguien realiza una actividad lícita y mañana se considera ilícita, no se le puede sancionar por lo que hizo antes de que esa norma entrara en vigor”.

En este sentido, subrayó que cualquier intento de aplicar retroactivamente la reforma sería inconstitucional y generaría incertidumbre jurídica.

El funcionario presentó tres propuestas de ajuste para evitar confusiones en la redacción final:

Reiterar que la Ley de Amparo es procesal y aclarar de manera precisa su alcance.

Garantizar que las etapas procesales concluidas generen derechos adquiridos, los cuales deben respetarse con base en la normativa vigente al momento de su ejecución.

Establecer que las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor de la reforma se rijan por las nuevas disposiciones, sin afectar derechos adquiridos ni resoluciones previas.

“Entendemos la buena intención de los legisladores —señaló Zaldívar—, pero es necesario clarificar el texto. La presidenta ha sido clara y contundente: no estamos de acuerdo con ninguna violación a la Constitución”.

La polémica por la Ley de Amparo se mantiene ahora en la Cámara de Diputados, donde se espera que se discutan las modificaciones sugeridas por el Ejecutivo.

Mientras tanto, especialistas en derecho constitucional advierten que el tema no es menor, pues lo que está en juego es la certeza jurídica en los juicios de amparo, un mecanismo clave en la defensa de los derechos humanos frente a abusos de autoridad.