Plataformas digitales: la trampa del “clic fácil” que vacía bolsillos; Monreal promete freno legal
Cansado de estos abusos, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, obligando a las plataformas a garantizar la cancelación inmediata de servicios contratados. Pero la pregunta es: ¿llegará esta medida a frenar el poder de las grandes tecnológicas que han hecho del engaño un modelo de negocio?
La propuesta de Monreal apunta directo a una de las quejas más comunes de los usuarios: la imposibilidad de cancelar sin perder horas en formularios, llamadas o correos ignorados. Con la reforma al artículo 76 Bis, las empresas deberán ofrecer un mecanismo claro, visible y rápido para terminar con cualquier servicio, sin rodeos ni cláusulas escondidas.
Además, plantea que los proveedores notifiquen con al menos cinco días de anticipación cualquier renovación automática y que los cargos recurrentes requieran consentimiento expreso, cerrando la puerta a suscripciones impuestas “por default”.
Hoy en día, el mercado digital opera bajo reglas asimétricas: el consumidor está desarmado frente a plataformas que acumulan datos, diseñan contratos incomprensibles y convierten la inercia del usuario en ganancias millonarias. Netflix, Spotify, Amazon Prime y otras gigantes no solo venden servicios, sino tiempo, información y control sobre hábitos de consumo.
La iniciativa de Monreal reconoce, al menos en papel, que la dependencia digital ha generado un terreno fértil para abusos. Pero el reto es enorme: ¿tendrá el Congreso la voluntad real de enfrentar a corporaciones que operan con total impunidad y lobby constante?
Monreal asegura que esta reforma “responde a la necesidad urgente de actualizar el marco legal vigente” y que busca garantizar que los usuarios tengan herramientas claras para exigir sus derechos. Sin embargo, la realidad es que los consumidores mexicanos llevan años padeciendo estas prácticas sin que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) logre contenerlas de manera efectiva.
El discurso suena bien, pero el problema no es nuevo. La diferencia será si esta vez el Estado se atreve a poner límites a un mercado digital acostumbrado a moverse sin regulación efectiva.
La propuesta es positiva y necesaria, pero también refleja un atraso preocupante: México llega tarde a la regulación del comercio digital, mientras que otros países ya han puesto candados severos contra las cancelaciones imposibles y la renovación automática sin consentimiento.
En conclusión, si de verdad se quiere proteger al consumidor, la reforma no solo debe aprobarse, sino también vigilarse con lupa. De lo contrario, quedará como otro intento fallido en la larga lista de promesas políticas que nunca llegan a la pantalla del usuario, pero sí al estado de cuenta de su tarjeta.
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