PAN amplía denuncia contra familiares de AMLO y funcionarios de Morena por presuntos delitos graves

México, a 24 de septiembre de 2025.- En un nuevo capítulo de la pugna política entre partidos, el diputado panista Federico Döring Casar informó este martes que amplió su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como de sus hermanos José Ramón y Gonzalo López Beltrán.

La denuncia, presentada junto con el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, incluye a otros funcionarios de Morena, entre ellos Horacio Duarte Olivares, secretario de Gobierno del Estado de México; Tania Gisela Contreras López, presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas; y el exsubsecretario de Gobernación Ricardo Peralta Saucedo. También se suman nombres de relevancia política como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y legisladores como Javier Valdez Perales y Jorge Luis Beas Gámez.

De acuerdo con el documento fechado el 23 de septiembre de 2025 y titulado “Ampliación de denuncia”, los señalados presuntamente habrían incurrido en delitos como delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, todos “en agravio de la sociedad mexicana”.

Döring subrayó que la FGR debe actuar con rapidez: “Estamos ante una red de corrupción y crimen organizado enquistada en el poder. No podemos permitir que quede impune”, aseguró.

Este caso se suma a la denuncia que presentó el PRI contra Adán Augusto López Hernández ante el FBI y la DEA, por presuntos vínculos con el crimen organizado, reflejando un escenario de tensiones políticas y judiciales entre los principales partidos del país.

Hasta el momento, Morena y los funcionarios señalados no han emitido ninguna declaración oficial respecto a la ampliación de la denuncia, mientras que los legisladores panistas exigen que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades.

Esta ampliación marca un nuevo capítulo en la lucha contra lo que Döring considera “la corrupción enquistada en los niveles más altos del poder”, y plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para atender denuncias que involucran a figuras políticas de alto perfil.