Censura judicial alcanza a redes sociales de Tribuna Campeche: exigen identificar a responsable digital del medio

Campeche, a 1 de agosto de 2025.- La Organización Editorial del Sureste, empresa propietaria del diario Tribuna Campeche, denunció una nueva medida judicial que califica como “censura previa”, luego de que la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez ordenara entregar en un plazo de 48 horas los datos personales del responsable de las redes sociales del medio para que se someta al llamado “censor judicial”.

Esta resolución, emitida el pasado 28 de julio, se da como consecuencia de la improcedencia del recurso de revocación presentado por Tribuna Campeche y el periodista Jorge Luis González Valdez, en relación con una medida cautelar impuesta el 15 de julio. Dicha medida prohíbe al comunicador publicar cualquier texto referente a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y exige que todo contenido del medio pase por la revisión de un interventor designado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

“El Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Campeche, en lo que se considera un acto de censura previa, declaró improcedente el recurso de revocación presentado por la defensa de Organización Editorial del Sureste S.A. de C.V.”, publicó el diario en sus redes sociales, donde confirmó que deben identificar al community manager de sus plataformas oficiales.

La exigencia judicial establece que, si no se cumple con la entrega de dicha información, la empresa editora será sancionada con una multa de 5 mil 657 pesos. Además, la resolución mantiene en firme la obligación de que el responsable de redes sociales esté sujeto a supervisión de contenido por parte del censor judicial.

Esta acción se enmarca en el contexto del IV Informe de Gobierno de la mandataria estatal Layda Sansores, quien presentó una denuncia por el presunto delito de incitación al odio en contra de Jorge Luis González Valdez y Tribuna Campeche.

Cabe destacar que el propio González Valdez anunció que suspendería sus actividades periodísticas de manera temporal, en respuesta a lo que considera una medida desproporcionada que atenta contra la libertad de expresión.

El medio subrayó que estas disposiciones judiciales forman parte de una estrategia para “verificar” publicaciones relacionadas con la gobernadora, lo que, en su visión, representa una clara violación a los principios constitucionales de libertad de prensa.

Organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos han comenzado a manifestar su preocupación por lo que consideran un grave precedente en materia de control gubernamental sobre los medios de comunicación digitales en Campeche.