México, tierra de peligro para sus policías: 185 asesinados en 2025; Veracruz entre los estados con más violencia
La organización Causa en Común, que monitorea agresiones contra fuerzas del orden, lanzó una nueva alerta: el riesgo para quienes protegen a la población sigue en ascenso, sin respuesta efectiva del Estado.
Del 30 de mayo al 5 de junio, estos fueron los asesinatos registrados:
Chiapas: 5 policías estatales abatidos en un brutal ataque armado. Se reportaron cerca de 700 disparos y varias patrullas fueron calcinadas.
Michoacán: 2 agentes municipales, incluido un comandante, fueron acribillados por criminales que se transportaban en un taxi.
Sinaloa: Un policía estatal fue hallado sin vida en un terreno baldío, con múltiples signos de tortura.
Veracruz: Un agente municipal fue asesinado por un compañero de su misma corporación, según reportes preliminares.
Con estos hechos, el país alcanza 185 policías asesinados en lo que va del año, lo que equivale a un agente caído por día en promedio.
“Cada semana es un recordatorio de la vulnerabilidad de quienes están en primera línea. Y lo más alarmante es que, en muchos casos, no hay ni justicia ni respaldo institucional”, denunció Causa en Común.
El caso veracruzano, donde un policía fue asesinado por otro elemento de su corporación, exhibe fracturas internas en los cuerpos de seguridad, donde además de la amenaza del crimen organizado, los agentes enfrentan tensión, desconfianza y abandono operativo.
Mientras tanto, las cifras nacionales reflejan un contexto de impunidad y desprotección crónica:
Falta de capacitación.
Condiciones laborales precarias.
Pocas garantías de seguridad jurídica o emocional.
El caso más estremecedor ocurrió en Chiapas, donde cinco policías estatales fueron emboscados con armamento de alto poder. Las unidades oficiales quedaron calcinadas y la escena mostró una violencia desmedida y sin respuesta inmediata.
“¿Cuántos policías más tienen que morir para que el Estado actúe con contundencia?”, cuestionó un activista de derechos humanos en Tuxtla Gutiérrez.
Organizaciones civiles, familiares de víctimas y expertos en seguridad exigen al gobierno federal y a los estados implementar protocolos reales de protección para elementos de seguridad, así como investigar a fondo los crímenes ya ocurridos.
Además, se demanda una revisión estructural de las condiciones laborales, la depuración interna y el fortalecimiento de los cuerpos policiales.
En un país donde portar un uniforme puede costar la vida, el silencio oficial también es cómplice.
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