México a juicio internacional: ONU evaluará al país por violencia y discriminación contra las mujeres
El 17 y 18 de junio, 23 especialistas independientes de distintos países interrogarán al Estado mexicano en Ginebra, Suiza, con el objetivo de determinar si el país está cumpliendo con los compromisos establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento legal firmado por México en 1981 y que obliga a los países firmantes a proteger y garantizar los derechos de mujeres y niñas.
Las cifras son demoledoras. Entre enero y abril de 2025 se han registrado 205 feminicidios —es decir, más de uno cada 16 horas—, mientras que en 2024 la cifra cerró en 818 asesinatos de mujeres por razones de género, según datos oficiales. Por si fuera poco, la Comisión Nacional de Búsqueda contabiliza actualmente 27 mil 654 mujeres desaparecidas, muchas de ellas presuntas víctimas de secuestro, trata, homicidio o feminicidio.
“La violencia contra las mujeres en México es estructural, impune y profundamente normalizada. Esta evaluación será un parteaguas para evidenciar las fallas del Estado”, advirtió una vocera de ONU Mujeres al dar a conocer el proceso.
El examen será público y podrá ser seguido por organizaciones civiles, activistas y medios internacionales. Se desarrollará entre las 15:00 y las 18:00 horas de Ginebra (8:00 a 11:00 horas tiempo de México) y representa una oportunidad crucial para que organismos internacionales escuchen directamente los argumentos y omisiones del gobierno mexicano.
La Convención CEDAW, vigente desde hace más de cuatro décadas, es el tratado internacional más importante en materia de derechos de las mujeres. No sólo exige a los Estados eliminar toda forma de discriminación, sino que obliga a establecer políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, protección jurídica efectiva, educación con enfoque de género, acceso a la justicia y mecanismos de prevención y castigo de la violencia feminicida.
Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos han exigido que esta evaluación no se quede en el plano simbólico y derive en recomendaciones obligatorias y seguimiento puntual, ya que las cifras no reflejan mejoras sustanciales.
“La impunidad, la revictimización y la falta de perspectiva de género siguen siendo una constante en las fiscalías, en los cuerpos de seguridad y en el sistema judicial mexicano. La ONU debe exigir sanciones concretas y reformas profundas”, afirmó Daniela López, activista del colectivo Ni Una Más.
Este proceso también marca el primer gran escrutinio internacional en materia de género para el nuevo gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, cuya administración ha prometido un enfoque transversal de derechos humanos y perspectiva de género, pero que ahora deberá demostrarlo con hechos.
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