Unidades de Diversidad Sexual en Guanajuato: promesa incumplida, rezagos y simulación
“El segundo exhorto del Congreso fue necesario porque más del 60% de los municipios ni siquiera sabían que estaban obligados a crear estas unidades. Eso refleja el abandono con el que se ha tratado esta agenda”, sentenció García Frausto.
Hasta el momento, sólo 14 municipios han instaurado formalmente sus unidades. Entre ellos destacan Cortazar, San Miguel de Allende, Acámbaro y San Diego de la Unión, mientras que otros cinco, como Irapuato y Moroleón, están en proceso de instalación. Irapuato, por ejemplo, nombró públicamente a Evera Chávez, mujer trans, como encargada de despacho, lo cual fue celebrado por activistas como un avance representativo.
Sin embargo, en otros casos como el del municipio de León, el más poblado del estado, la falta de reglamento y la renuncia de su titular, Mariana Oliveros, han dejado la unidad sin rumbo, sin estructura y sin liderazgo claro.
“Lo de León debe generar una reflexión urgente: esto ya no es un apoyo político, es una obligación legal. Y los gobiernos municipales no pueden seguir jugando con la dignidad de las poblaciones LGBT+”, reclamó el subsecretario.
Uno de los obstáculos más graves, alertó García Frausto, es el intento de fusionar las unidades de diversidad sexual con direcciones de derechos humanos o grupos vulnerables, diluyendo su razón de ser. “Hay propuestas para crear direcciones conjuntas como ‘Derechos Humanos y Diversidad Sexual’, lo cual borra la lucha histórica de nuestras comunidades. No podemos permitir que lo ganado en la ley se diluya en estructuras genéricas”.
El caso de Salamanca ejemplifica esta tensión: aunque ya se estableció una dirección mixta, se mantienen diálogos con colectivos como Conmigo Así y activistas como Quino, persona no binaria, para que se respete el espíritu de la ley.
Aunque a nivel estatal el artículo 26 exige que las personas titulares de áreas de diversidad sexual se autoidentifiquen como parte de la comunidad, a nivel municipal no hay tal obligación. Esto ha permitido que en varios municipios se intente imponer perfiles ajenos a las luchas LGBT+, lo que ha generado protestas de colectivos locales. “Hemos tenido que intervenir en al menos dos municipios para que replanteen nombramientos que iban en contra del principio de autoidentificación”, explicó García.
El subsecretario lamentó que incluso existan activistas con años de trabajo técnico y legislativo que sean excluidos por no tener títulos universitarios, mientras que funcionarios sin formación en diversidad sexual ocupan estos espacios clave.
Consciente de que muchas autoridades locales carecen de formación en derechos humanos, la Subsecretaría ha emprendido un trabajo de acompañamiento directo, municipio por municipio, para asegurar que las unidades no sean solo de fachada. “Mejor tarde que mal hechas”, dijo García Frausto, subrayando que la instalación de estas áreas requiere sensibilidad, representatividad y voluntad política, no solo cumplir por cumplir.
Además, adelantó que ya está lista una iniciativa de reforma a la ley estatal para exigir que los titulares de estas unidades sean personas LGBT+, en línea con la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre autoidentificación. Mientras se presenta esa iniciativa, la estrategia es lograr que los reglamentos municipales lo incluyan de forma explícita.
“Y sí, hemos tenido que explicar muchas veces que no hay un ‘certificado de diversidad sexual’; basta con que la persona se autoidentifique. Esa es la base del derecho a ser”, concluyó.
Claves del rezago:
· Solo 14 de 46 municipios han instalado su unidad.
· Más del 60% no sabían de la obligación legal.
· Municipios del PAN, MC y Morena presentan avances dispares.
· Fusiones con derechos humanos diluyen enfoque LGBT+.
· No hay obligación de que los titulares sean de la comunidad.
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