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Primera denuncia formal de la comunidad menonita en México por extorsiones de la FGR

Chihuahua,
a 28 de enero del 2025.- Por primera vez en la historia de México, integrantes de la comunidad menonita en Ciudad Juárez, Chihuahua, rompieron el silencio al denunciar formalmente extorsiones cometidas por policías federales ministeriales (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR). Este lunes, con el apoyo de Julián LeBaron, dos víctimas presentaron las primeras denuncias en la Ciudad de México, marcando un precedente en la lucha contra los abusos de autoridad en el país.

Enrique Luján, representante legal de las víctimas, detalló en entrevista para Proceso que desde 2023 los agentes de la PFM en Nuevo Casas Grandes implementaron un sistema de cuotas mensuales para la comunidad menonita. Estas sumas de dinero, que oscilaban entre los 30 mil y 500 mil pesos, eran exigidas bajo amenaza de hostigamiento, interrupción de servicios básicos como el suministro de luz o la apertura de carpetas de investigación fabricadas.

“Era prácticamente una extorsión disfrazada de autoridad: ‘Me pagas y yo no te investigo, no te molesto’. En algunos casos, incluso lograban órdenes de cateo con el objetivo de perjudicar a las víctimas”, explicó Luján.

Aunque solo dos denuncias fueron presentadas inicialmente, se espera que en los próximos días se sumen entre 20 y 30 casos adicionales, cada uno con características particulares. “Estamos preparando las denuncias individuales porque los hechos tienen matices diferentes, pero el patrón de abuso es evidente”, añadió el abogado.

Según Julián LeBaron, la comunidad menonita se había mantenido al margen de los conflictos, motivada por sus creencias cristianas de evitar confrontaciones. Sin embargo, el hostigamiento alcanzó niveles críticos, afectando su capacidad de mantener a sus familias.

“Llegaron al punto de exigir 200 mil pesos en diciembre bajo el concepto de ‘aguinaldo’. Cuando se negaron a pagar, tomaron como rehén a un empleado de los menonitas y movilizaron a la Sedena, la Guardia Nacional y Pemex para quitarles combustible, lo que derivó en la reciente manifestación en el Puente Internacional de Ciudad Juárez”, señaló LeBaron.

Una de las dificultades para formalizar las denuncias radica en el idioma. Muchas víctimas solo hablan alemán bajo, un dialecto que carece de intérpretes oficiales en el país. Además, el sistema mismo dificulta las investigaciones, ya que las denuncias contra policías deben ser gestionadas por asuntos internos de la propia FGR.

LeBaron destacó que las comunidades afectadas permanecen vulnerables ante agentes legalmente armados que abusan de su poder. “Hablan de presunción de inocencia, pero mientras tanto estas personas utilizan su autoridad para aterrorizar a comunidades enteras”.

En sus denuncias, las víctimas han solicitado medidas de protección urgentes, incluyendo la salida inmediata de los agentes identificados de la región y la prohibición de que regresen a la zona.

Este caso no solo evidencia los niveles de corrupción dentro de la FGR, sino también la creciente necesidad de proteger a las comunidades rurales del abuso sistemático por parte de autoridades que deberían garantizar su seguridad.

La valentía de la comunidad menonita al alzar la voz marca un momento histórico que podría ser el inicio de un cambio profundo en la lucha contra la corrupción en México.

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