Xalapa, Ver., a 3 de septiembre del 2022.- La magistrada Concepción Flores Saviaga recomendó a los representantes de empresas y a los proveedores del Poder Judicial que denuncien y objeten los procedimientos ilegales en los que están incurriendo en la asignación de contratos millonarios a empresas de reciente creación (fantasmas) desde la Presidencia del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), así como desde la Dirección General de Administración.
En entrevista, la magistrada Flores Saviaga, resaltó que es especialista en derecho fiscal, y dijo que hay normas de la administración pública federal y estatal que impiden la asignación de contratos a empresas de reciente creación, por lo que se está incurriendo en delitos al haber otorgado más de $50 millones de pesos a dichas empresas «fantasmas» en los meses recientes.
“Esa es una mala práctica que se ha dado, porque hay normas de la administración pública estatal y federal de que no se pueden dar contratos a empresas de reciente creación, sino que tienen que tener una curricular de vida anterior, esas son normas contables y administrativas que la conozco porque soy especialista en derecho fiscal y derecho financiero, por lo que quien esté realizando estas acciones tendrá que enfrentar acciones legales en el corto tiempo por dichos desvíos de recursos públicos”, subrayó.
Además Flores Saviaga exhibió que no funciona el sistema de transparencia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ya que no están publicados los nombramientos de gente allegada a la Presidenta, Isabel Romero Cruz.
Incluso manifestó que hay personal que se contrató recientemente y que incumple con el perfil para los cargos en donde se les incrustó, ganando salarios como si fueran magistrados.
“Eso lo permite la señora presidenta y lo avala la directora de administración, acepto que nos equivocamos en nombrar a Romero Cruz como Presidenta, porque yo también participé del Pleno donde la elegimos, no tiene capacidad de conocimiento de lo básico, de lo que es manejar un presupuesto tan abultado como el del Poder Judicial que supera los mil millones de pesos al año”, puntualizó.
Flores Saviaga estimó que a partir del mes de noviembre próximo cuando tanto la Presidenta como la Directora de Administración dejen sus cargos ambas deberán enfrentar legalmente todas las ilegalidades, corrupción y saqueo en el que incurrieron al manejar de forma corrupta los recursos y el presupuesto del Poder Judicial, volviendo a hacer lo que tanto se criticó años atrás con el tema de las empresas fantasmas utilizadas para desviar recursos públicos.
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