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martes, 3 de septiembre de 2019

Busca Congreso tercer juicio contra ex fiscal Winckler

Por Isabel Ortega / En Contacto
Xalapa, Ver., a 3 de septiembre del 2019.-  Este 03 de septiembre se oficializó la separación temporal del cargo del ahora ex Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, tras la publicación del acuerdo de la diputación permanente en la Gaceta Oficial del Estado. Además, se abre nuevamente la posibilidad de enjuiciarlo políticamente.

La Gaceta Oficial número extraordinario 352, que se publicó minutos después de que se aprobó el acuerdo de la diputación permanente, establece que la remoción es por el “presunto” incumplimiento de la certificación para ostentar el cargo de fiscal y poder cobrar por el trabajo devengado.

La medida cautelar, se asume -según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política- para evitar daños irreparables a derechos fundamentales de los veracruzanos en materia de procuración de justicia.

“Se resuelve separar del temporalmente al C. Jorge Winckler Ortiz del cargo de Fiscal General del Estado por el presunto incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondientes necesarios para el ingreso y permanencia del cargo, tal y como lo informan las autoridades con competencia para su emisión, garantizándose la remuneración que en derecho proceda”, se lee en el acuerdo.

Se determina el nombramiento de Verónica Hernandez Giadáns como encargada de despacho. Y en el misma Gaceta se hace pública la licencia temporal de la también notario púbico número 5 de Santiago Tuxtla.

A la ahora encargada de despacho le dieron todas las facultades políticas, orgánicas, operativas y administrativas de la Fiscalía General del Estado.

En el punto cuarto del acuerdo, se determina que una vez que se inicie el siguiente periodo ordinario de sesiones, en noviembre próximo, se iniciará el procedimiento de remoción contra Winckler Ortiz, el tercero en lo que va del año.

Además, de que se abre la posibilidad de que se le finque responsabilidad penal por el presunto incumplimiento de la certificación oficial para ostentar el cargo.

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