TEPJF advierte: violencia política de género puede llevar a la nulidad de elecciones
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Xalapa, Ver., a 10 de septiembre de 2026.- En el arranque del proceso electoral 2026-2027, la magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Roselia Bustillo Marín, lanzó una advertencia clara: la violencia política en razón de género puede ser motivo suficiente para anular una elección, siempre que se acrediten los elementos jurídicos y su carácter determinante.
La magistrada afirmó que no le temblará la mano para tomar una decisión de esa naturaleza cuando los casos lleguen a los tribunales y se compruebe que este tipo de violencia tuvo un impacto determinante en una contienda.
El mensaje adquiere especial relevancia en un proceso electoral que comenzó este jueves y en el que estarán en juego las 500 diputaciones federales, además de diversos cargos locales.
La violencia que también puede cambiar una elección
Bustillo Marín recordó que la violencia política en razón de género constituye una causal de nulidad electoral. No se trata únicamente de una conducta sancionable contra una candidata, funcionaria o mujer que participe en la vida pública; bajo determinadas circunstancias, sus consecuencias pueden alcanzar la validez misma de una elección.
La magistrada hizo referencia a precedentes registrados en Guerrero y Michoacán, donde este tipo de violencia fue considerado entre los elementos para determinar la nulidad de procesos electorales.
Sin embargo, aclaró que no cualquier acto de violencia conduce automáticamente a repetir una elección. Para ello debe analizarse, entre otros aspectos, la determinancia, es decir, si la conducta tuvo la suficiente relevancia para afectar el resultado o las condiciones esenciales de la contienda.
La precisión resulta fundamental: el tribunal deberá valorar cada caso de manera particular, pero el precedente deja claro que la violencia contra las mujeres en la política puede tener consecuencias electorales de fondo.
Veracruz, bajo la lupa
La advertencia tiene una lectura particular para Veracruz. De acuerdo con lo señalado por la magistrada, la entidad ocupa el segundo lugar nacional, después de Oaxaca, en número de personas sancionadas por violencia política en razón de género.
El dato coloca nuevamente sobre la mesa las dificultades que enfrentan las mujeres para participar en condiciones de igualdad dentro de la vida política.
La violencia política puede manifestarse de distintas maneras: desde amenazas y agresiones hasta actos destinados a obstaculizar el ejercicio de un cargo o impedir que una mujer pueda participar plenamente en una contienda electoral.
Por ello, la advertencia del tribunal no solo apunta a quienes cometan estas conductas, sino también a quienes pretendan utilizarlas como estrategia para alterar una elección.
Un proceso con más fuerzas políticas
El proceso electoral 2026-2027 tendrá además una característica que podría incrementar la competencia y, con ella, el número de controversias que lleguen a los órganos jurisdiccionales.
En esta elección participarán ocho partidos políticos, entre ellos dos de nueva creación, escenario que puede generar una mayor diversidad de candidaturas, coaliciones, impugnaciones y conflictos derivados de las distintas etapas del proceso.
La propia magistrada anticipó que esta configuración podría traducirse en un mayor número de recursos de impugnación.
En ese contexto, los tribunales electorales tendrán la responsabilidad de resolver controversias que no solo estarán relacionadas con resultados, sino también con el desarrollo de las campañas y las condiciones bajo las cuales mujeres y hombres competirán por los cargos de representación popular.
El mensaje de la Sala Regional Xalapa llega cuando el proceso apenas comienza. Todavía falta el desarrollo de precampañas, campañas, jornadas de votación y cómputos, pero desde ahora queda establecido que la violencia política en razón de género será un asunto que los tribunales deberán observar con especial atención.
La posibilidad de anular una elección introduce una dimensión distinta al debate: quienes participan en política no solo deben competir conforme a las reglas electorales, sino respetar los derechos políticos de sus adversarios.
Para las mujeres, esto significa que la participación electoral no debe estar condicionada por amenazas, intimidaciones o prácticas destinadas a excluirlas del espacio público.
La democracia no se fortalece únicamente contando votos. También se construye garantizando que esos votos sean obtenidos en condiciones de libertad, igualdad y respeto.
El tribunal ante un nuevo desafío
Con el inicio del proceso electoral 2026-2027, la justicia electoral enfrenta nuevamente el reto de equilibrar dos principios fundamentales: respetar la voluntad expresada en las urnas y, al mismo tiempo, impedir que la violencia pueda distorsionar esa voluntad.
Los precedentes de Guerrero y Michoacán muestran que, cuando las agresiones contra una candidata o contra una mujer que participa políticamente alcanzan un nivel determinante, sus efectos pueden trascender la sanción individual.
La advertencia de Roselia Bustillo Marín funciona así como una señal anticipada para este proceso: la violencia política de género no será considerada un asunto menor cuando pueda demostrarse que alteró de manera sustancial una elección.
Y en un país donde las mujeres han ganado cada vez más espacios de representación, garantizar que puedan ejercer sus derechos políticos sin violencia será también una medida de la calidad democrática de la elección que apenas comienza.
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