El agua, entre el derecho de los pueblos y las decisiones sobre el territorio
En Juchitán plantearon que la nueva legislación reconozca los sistemas comunitarios de gestión y garantice mecanismos para dar seguimiento a sus propuestas
Oaxaca, a 25 de septiembre de 2026.- El agua volvió a colocarse en el centro de una discusión que va más allá de su disponibilidad. En Juchitán, autoridades comunitarias y agrarias, defensoras y defensores del territorio y organizaciones civiles debatieron quién administra el recurso, quién decide sobre él y qué lugar deben ocupar los pueblos indÃgenas cuando una obra o proyecto puede afectar sus fuentes de abastecimiento.
Durante el encuentro nacional “Hacia una propuesta de CapÃtulo Normativo sobre Derecho al Agua de los Pueblos IndÃgenas y Afromexicanos”, representantes de Oaxaca, Yucatán, Veracruz y Estado de México plantearon que la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos IndÃgenas y Afromexicanos no se limite a reconocer derechos en el papel.
La exigencia fue que la participación comunitaria tenga efectos reales en las decisiones relacionadas con el agua y el territorio.
“El agua, bien común, no mercancÃa”
Uno de los principales planteamientos fue reconocer los sistemas comunitarios mediante los cuales distintos pueblos administran, distribuyen y protegen sus fuentes de abastecimiento.
La propuesta incluye la protección de manantiales, rÃos, acuÃferos y otras fuentes de agua vinculadas histórica, cultural y territorialmente con las comunidades.
Maira Olivo Paz, abogada especialista en derecho indÃgena y coordinadora del programa Tierra y Territorio de Fundar, señaló que el debate enfrenta dos concepciones sobre el recurso: quienes lo consideran un bien común y quienes lo conciben bajo una lógica de mercancÃa.
Desde la perspectiva de las organizaciones participantes, el desafÃo legislativo consiste en reconocer que para muchas comunidades el agua no representa solamente un recurso natural, sino parte de una relación histórica con el territorio.
El encuentro también puso sobre la mesa la preocupación por proyectos de infraestructura y actividades extractivas que, según las organizaciones participantes, pueden modificar las condiciones ambientales y el acceso al agua.
Entre los temas mencionados estuvieron el fracking, la extracción de hidrocarburos, las presas, los trasvases y las llamadas zonas de sacrificio.
Nadir Hernández Quiroz, coordinador de Proyectos del Centro de Derechos IndÃgenas Flor y Canto, cuestionó que algunas de estas iniciativas sean presentadas como soluciones de gran escala mientras persisten cuestionamientos ambientales, técnicos y de transparencia.
El planteamiento coloca una pregunta de fondo: qué ocurre cuando una decisión tomada desde fuera del territorio afecta una fuente de agua que una comunidad considera parte esencial de su vida cotidiana.
Territorio: más que una propiedad
Otro punto de discusión fue la necesidad de ampliar la concepción jurÃdica del territorio indÃgena.
Las organizaciones plantearon que los derechos colectivos no deben depender exclusivamente de la existencia de tÃtulos de propiedad agraria o privada. Desde su perspectiva, el territorio también está formado por relaciones históricas, culturales, sociales y ambientales.
Esa concepción adquiere particular relevancia cuando se habla del agua: un manantial, un rÃo o un acuÃfero puede encontrarse dentro de un espacio cuya administración jurÃdica corresponde a determinadas autoridades, pero mantener al mismo tiempo una relación profunda con la vida comunitaria.
Por ello, los participantes pidieron que la nueva legislación incorpore mecanismos efectivos de participación de los pueblos en las decisiones que puedan transformar sus territorios.
Del foro a la ley
Uno de los reclamos centrales fue evitar que la participación indÃgena quede reducida a consultas o reuniones informativas.
Las organizaciones solicitaron al Instituto Nacional de los Pueblos IndÃgenas (INPI) un mecanismo público de trazabilidad que permita conocer qué propuso cada comunidad o mesa de trabajo, cómo fueron sistematizadas esas propuestas y cuáles fueron incorporadas al proyecto legislativo.
También plantearon que, cuando una propuesta sea descartada, exista una explicación pública sobre las razones.
La petición transforma asà la consulta en una exigencia de seguimiento: no sólo saber si los pueblos fueron escuchados, sino qué ocurrió con aquello que dijeron.
Una discusión que apenas entra en su etapa decisiva
El encuentro de Juchitán dejó planteado un debate que rebasa la administración del agua. En el fondo se encuentra la forma en que el Estado reconocerá la relación entre agua, territorio, cultura y derechos colectivos.
Las comunidades participantes demandaron que las decisiones sobre sus fuentes de abastecimiento no se tomen sin su participación y que la nueva legislación respete los principios de progresividad y no regresividad de los derechos.
El reto, a partir de ahora, estará en convertir esas demandas en disposiciones legales y mecanismos verificables.
Porque entre un rÃo, un manantial o un acuÃfero y una ley existe una distancia que no se mide en kilómetros, sino en capacidad de decisión. En Juchitán, los pueblos reunidos pidieron que esa distancia se reduzca y que el derecho al agua también signifique derecho a participar en las decisiones sobre el territorio donde nace, corre y se comparte.
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