Pueblos indígenas enfrentan desapariciones e invisibilización institucional, alerta Voces del Territorio
La investigación, realizada en siete estados, también identifica agresiones digitales contra comunidades indígenas, particularmente contra mujeres, vinculadas con intereses políticos, empresariales y del crimen organizado.
Oaxaca, a 10 de agosto de 2026.- La desaparición de personas indígenas permanece parcialmente oculta detrás de registros oficiales que no identifican de manera suficiente su pertenencia a pueblos originarios, advirtió la organización Voces del Territorio, al presentar los resultados de una investigación sobre desapariciones y violencia digital contra personas y comunidades indígenas.
El señalamiento fue realizado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, conmemorado este 9 de agosto, y próximo al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en un contexto nacional en el que distintas organizaciones e instancias internacionales contabilizan más de 133 mil personas desaparecidas.
Para Voces del Territorio, sin embargo, las cifras disponibles no permiten conocer con precisión cuántas de esas víctimas pertenecen a pueblos originarios, lo que representa una forma de invisibilización institucional de un problema que puede tener consecuencias particulares para las comunidades indígenas.
Registros que no reflejan la dimensión del problema
La investigación fue desarrollada mediante 152 encuestas y 45 entrevistas en 26 municipios de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora.
Uno de los principales hallazgos fue la distancia entre los casos conocidos directamente por las comunidades y los que aparecen identificados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
De acuerdo con el estudio, en los municipios consultados el registro nacional únicamente reflejó 21 casos de personas indígenas correspondientes a las etnias específicamente consideradas, mientras que las 152 personas indígenas encuestadas señalaron conocer al menos un caso de desaparición dentro de sus comunidades.
La diferencia expone una de las principales dificultades para dimensionar el fenómeno: cuando la pertenencia indígena no queda registrada, la desaparición termina incorporándose a una estadística general que no permite observar su impacto específico sobre pueblos y comunidades.
Crimen organizado y autoridades, entre los señalados
Las entrevistas a profundidad aportaron otro elemento de preocupación. En 39 de los 45 casos analizados se identificó al crimen organizado como responsable de las desapariciones.
Pero el estudio también documentó señalamientos contra autoridades de distintos niveles de gobierno. En 19 de 45 casos fueron señaladas autoridades municipales; en 17 de 45, autoridades estatales, y en 14 de 44, autoridades federales.
Dentro de este último grupo se mencionó a las Fuerzas Armadas en 10 de 44 casos, ya fuera por participación directa, colaboración o aquiescencia, según el planteamiento de la organización.
Voces del Territorio sostuvo que, bajo el derecho nacional e internacional, cuando agentes estatales participan, colaboran o permiten una desaparición, los hechos pueden configurar desaparición forzada.
La acusación coloca el problema más allá de la actuación del crimen organizado y plantea la necesidad de revisar la responsabilidad institucional y las condiciones que permiten que las comunidades indígenas enfrenten escenarios de vulnerabilidad.
Oaxaca: una cifra que tampoco identifica a las víctimas indígenas
El caso de Oaxaca resulta particularmente significativo debido al peso demográfico de los pueblos indígenas en la entidad.
Con base en información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, entre 2015 y mayo de 2026 se tienen registradas 260 personas desaparecidas: 200 hombres y 60 mujeres.
Sin embargo, la información disponible no especifica cuántas de esas víctimas pertenecen a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas.
Esta ausencia de información fue señalada también por las periodistas oaxaqueñas Diana Manzo y Juan García en el libro Las Ausentes, donde abordan la invisibilización de las personas indígenas dentro de los registros oficiales.
El problema adquiere una dimensión mayor en un estado donde, de acuerdo con datos del INEGI citados en el estudio, 26.3 por ciento de la población se considera indígena, equivalente aproximadamente a una cuarta parte de sus habitantes.
La violencia digital también alcanza a los territorios
La investigación de Voces del Territorio no se limitó a las desapariciones. También analizó la violencia digital contra los pueblos purépecha de Michoacán, zapoteca de Oaxaca y yaqui de Sonora.
Entre sus conclusiones, la organización sostiene que las agresiones digitales deben entenderse como una extensión de la violencia que ocurre en los territorios.
El estudio detectó, además, profundas desigualdades en el acceso y utilización de tecnologías, mientras que las mujeres indígenas aparecen como uno de los grupos que con mayor frecuencia enfrentan ataques digitales.
Otro hallazgo apunta a la existencia de vínculos entre estas agresiones e intereses políticos, empresariales y del crimen organizado.
La dimensión digital adquiere así una relevancia particular: las amenazas, ataques y campañas de intimidación ya no requieren necesariamente la presencia física de los agresores y pueden trasladarse a los espacios virtuales donde participan y se organizan las comunidades.
Defender el territorio se convierte en un factor de riesgo
Uno de los puntos centrales de las investigaciones presentadas por Voces del Territorio es la relación entre la defensa del territorio y la violencia.
La organización advierte que defender los recursos, la autonomía y los derechos de las comunidades puede convertirse en un factor de riesgo para las personas indígenas que ejercen esa labor.
Las agresiones documentadas abarcan desde amenazas y ataques físicos o digitales hasta desapariciones forzadas y asesinatos.
Desde la perspectiva de la organización, estas acciones no son hechos aislados, sino mecanismos de intimidación que buscan debilitar la libre determinación de los pueblos, limitar la defensa territorial y reducir su participación política.
El señalamiento revela una problemática que trasciende las cifras de desaparición: cuando una comunidad pierde a una persona defensora, también puede perder una voz en la protección de su territorio y en la representación de sus intereses.
Una deuda pendiente en los registros
El estudio coloca sobre la mesa una pregunta que permanece sin respuesta: ¿cuántas de las personas desaparecidas en México pertenecen a pueblos indígenas?
La falta de una identificación sistemática impide conocer la magnitud real del fenómeno y dificulta diseñar políticas públicas específicas para comunidades que enfrentan condiciones particulares de vulnerabilidad.
En Oaxaca, donde más de una cuarta parte de la población se reconoce como indígena, la ausencia de esta información resulta especialmente significativa.
La investigación plantea, en consecuencia, que visibilizar la pertenencia indígena dentro de los registros no es únicamente una cuestión estadística. Es también una herramienta para reconocer a las víctimas, comprender el impacto comunitario de las desapariciones y establecer estrategias de búsqueda y protección acordes con la realidad de los pueblos originarios.
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