Gobierno de México inicia consulta nacional para construir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

La nueva legislación busca consolidar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público

México, a 29 de junio de 2026.- El Gobierno de México pondrá en marcha una consulta nacional para enriquecer la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un proceso que busca recoger la voz de miles de comunidades del país antes de que el proyecto sea enviado al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación.

El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde informó que la propuesta legislativa fue elaborada a lo largo de aproximadamente año y medio y que ahora corresponde abrir una etapa de diálogo directo con los pueblos originarios para garantizar que el contenido de la ley responda a sus necesidades y aspiraciones.

"Ya está lista y a partir de ahora sale a una consulta nacional con los pueblos", expresó la mandataria al destacar que el proceso inició con la participación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, instancia que ha acompañado la elaboración del proyecto.

Una consulta de alcance nacional

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, María Luisa Alcalde, dio a conocer que la convocatoria para la consulta será publicada oficialmente con el propósito de involucrar a los titulares de los derechos que reconoce la futura legislación.

Explicó que el proceso abarcará a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades distribuidas en todo el territorio nacional, convirtiéndose en uno de los ejercicios de participación más amplios impulsados por el Estado mexicano en materia de derechos colectivos.

El calendario contempla una etapa informativa del 1 de julio al 6 de agosto, en la que se difundirá el contenido de la iniciativa entre las comunidades participantes.

Posteriormente, del 7 de agosto al 13 de septiembre, se desarrollará la fase deliberativa, durante la cual los pueblos podrán analizar el proyecto, formular observaciones y presentar propuestas para fortalecer el contenido de la legislación.

Las aportaciones serán revisadas entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre, periodo destinado al análisis e incorporación de las propuestas viables, para finalmente presentar la iniciativa al Congreso de la Unión el 12 de octubre, fecha emblemática para los pueblos originarios del continente.

Una ley que busca fortalecer derechos históricos

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que esta legislación deriva de la reforma al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 30 de septiembre de 2024, mediante la cual se fortaleció el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas y afromexicanos.

El funcionario precisó que la futura ley reconocerá a estos pueblos como sujetos de derecho público, dotándolos de personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que permitirá fortalecer su capacidad de organización, representación y ejercicio de derechos colectivos.

La propuesta legislativa considera a una población aproximada de 25.8 millones de personas, equivalente al 20.5 por ciento de la población nacional, además de reconocer la riqueza cultural y lingüística representada por 68 lenguas indígenas existentes en México.

Autonomía, igualdad e inclusión

La iniciativa se encuentra estructurada en ocho libros que desarrollan diversos derechos fundamentales relacionados con la autonomía, la libre determinación, el territorio, la participación política, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de las instituciones comunitarias.

Asimismo, incorpora disposiciones específicas dirigidas a mujeres indígenas y afromexicanas, niñas, niños y adolescentes, juventudes, personas migrantes, adultos mayores y personas con discapacidad, bajo un enfoque de igualdad sustantiva, inclusión y respeto a la diversidad cultural.

Especialistas consideran que este marco jurídico permitirá armonizar la legislación secundaria con las reformas constitucionales aprobadas recientemente, otorgando mayor certeza jurídica a los pueblos originarios en el ejercicio de sus derechos colectivos.

Un paso hacia una relación más participativa

El inicio de esta consulta representa uno de los procesos de participación social más relevantes impulsados por la actual administración federal, al colocar a las comunidades indígenas y afromexicanas en el centro de la construcción de una ley que regulará directamente sus derechos.

Además de cumplir con el mandato constitucional de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, el ejercicio busca fortalecer la relación entre el Estado mexicano y los pueblos originarios mediante mecanismos de diálogo y corresponsabilidad.

Organizaciones indígenas han señalado en diversas ocasiones que una legislación de esta naturaleza debe construirse con la participación efectiva de las comunidades, garantizando que sus planteamientos se reflejen en el texto final que será discutido por el Poder Legislativo.