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En Baja California: Agentes municipales acusan falta de acceso a expedientes de evaluaciones de Control y Confianza

Alcaldesa Rocío Adame confirma que las querellas fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado
Baja California, a 9 de junio de 2026.- La relación entre elementos de la Policía Municipal y la Sindicatura Procuradora entró en una nueva fase de confrontación luego de que varios agentes decidieran recurrir a la vía legal para denunciar lo que consideran posibles abusos de autoridad.

De acuerdo con la alcaldesa Rocío Adame Muñoz, las querellas fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado por uniformados que buscan acceder a los expedientes derivados de las evaluaciones de Control y Confianza, requisito fundamental para la permanencia dentro de las corporaciones de seguridad pública.

La edil explicó que la inconformidad surge porque, hasta el momento, los documentos correspondientes a 26 policías que no aprobaron las pruebas del C-3 no les han sido entregados.

Evaluaciones bajo controversia

Las evaluaciones de Control y Confianza constituyen uno de los mecanismos más importantes para medir la idoneidad de los elementos encargados de la seguridad pública. Sin embargo, cuando los resultados son cuestionados o existe falta de acceso a la información relacionada con ellos, suelen generarse conflictos administrativos y jurídicos.

En este caso, los agentes consideran que tienen derecho a conocer el contenido de sus expedientes para revisar los procedimientos aplicados y ejercer, en su caso, los recursos legales que estimen pertinentes.

La controversia pone de manifiesto la necesidad de garantizar transparencia y certeza jurídica en los procesos de evaluación, especialmente cuando éstos pueden influir directamente en la continuidad laboral de los elementos policiacos.

Denuncias por presuntos abusos de autoridad

Según lo informado por la presidenta municipal, las denuncias interpuestas ante la Fiscalía se centran en presuntos abusos de autoridad atribuibles a la Sindicatura Procuradora.

Aunque las investigaciones apenas comienzan, el caso ha generado atención debido a que involucra a instituciones responsables de la vigilancia interna y la supervisión del actuar de los servidores públicos.

Especialistas consideran que este tipo de conflictos reflejan los retos que enfrentan los municipios para mantener el equilibrio entre los mecanismos de control institucional y los derechos laborales de los integrantes de las corporaciones policiales.

Transparencia y confianza institucional

Más allá del proceso legal, el conflicto abre el debate sobre la importancia de fortalecer los canales de comunicación entre autoridades y cuerpos de seguridad.

La confianza en las instituciones no sólo depende de la aplicación de evaluaciones rigurosas, sino también de la claridad con la que se desarrollan los procedimientos y del acceso a la información por parte de quienes resultan involucrados.

Mientras la Fiscalía analiza las denuncias presentadas, el caso podría sentar un precedente sobre el manejo de los expedientes derivados de las pruebas de Control y Confianza en Baja California.

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