Cooperativas de limpieza sin certificación concentran contratos millonarios del gobierno federal
INAES asegura que ambas organizaciones no cuentan con certificación ni registro dentro de la economía social
México, a 10 de junio de 2026.- Dos cooperativas dedicadas a servicios de limpieza han obtenido contratos públicos por más de 124 millones de pesos con diversas dependencias federales, pese a que no cuentan con la certificación del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), requisito establecido en las recientes reformas impulsadas para fortalecer la participación de organismos de la economía social en las adquisiciones gubernamentales.
Un modelo impulsado por la reforma de adquisiciones
La política de contratación de cooperativas por parte de instituciones públicas cobró relevancia tras la aprobación del paquete de reformas promovido por el gobierno federal, mediante el cual se modificaron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley de la Economía Social y Solidaria y la Ley General de Sociedades Cooperativas.
El objetivo de estos cambios fue abrir mayores oportunidades para organizaciones integradas por mujeres, grupos vulnerables y sectores históricamente excluidos del mercado laboral, privilegiando esquemas de economía social certificados por el INAES.
Sin embargo, la aparición de contratos millonarios otorgados a cooperativas sin acreditación oficial ha encendido cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión y cumplimiento de la normativa.
Mujeres Limpiando México concentra la mayor parte de los contratos
Entre las organizaciones señaladas se encuentra Mujeres Limpiando México, constituida el 27 de febrero de 2025 y representada en los contratos por Claudia Ivonne Cerecero Olvera.
Durante este año recibió diversos contratos para prestar servicios de limpieza en dependencias federales. Entre ellos destaca uno otorgado por Banobras por más de 65 millones de pesos, además de otro por 14.6 millones de pesos para la limpieza del Tren Suburbano que conecta con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
A ello se suman contratos por 11.3 millones de pesos con IMSS-Bienestar y 4.2 millones de pesos con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
En conjunto, la cooperativa concentra más de 95 millones de pesos en adjudicaciones relacionadas con servicios de limpieza para instalaciones gubernamentales.
La 4T Limpia también obtuvo adjudicaciones federales
Otra de las organizaciones observadas es La 4T Limpia, constituida igualmente el 27 de febrero del año pasado.
A pesar de no contar con certificación ante el INAES, obtuvo contratos con distintas dependencias federales, entre ellas la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de Economía, el Archivo General de la Nación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Los montos asignados incluyen un contrato superior a 24 millones de pesos para servicios de limpieza en instalaciones de seguridad pública, además de otros convenios que elevan significativamente los recursos públicos administrados por esta organización.
INAES desconoce a ambas organizaciones
La situación adquirió mayor relevancia luego de que la directora general del Instituto Nacional de Economía Social, Catalina Monreal, afirmara desconocer a ambas cooperativas y señalara que no cuentan con certificación oficial.
De acuerdo con sus declaraciones, estas organizaciones no aparecen registradas dentro de los mecanismos de formalización y certificación que exige el instituto para acceder a los beneficios contemplados en la legislación de economía social.
Las declaraciones colocan bajo escrutinio el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y abren interrogantes sobre los procesos mediante los cuales las dependencias federales validaron la participación de dichas organizaciones en procedimientos de contratación pública.
El caso pone nuevamente sobre la mesa el debate acerca de la transparencia en las adquisiciones gubernamentales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión para garantizar que los recursos públicos se asignen conforme a los criterios legales establecidos.
Especialistas consideran que el impulso a las cooperativas representa una herramienta valiosa para fomentar la inclusión económica y laboral; sin embargo, advierten que su efectividad depende de la existencia de procesos claros de certificación, seguimiento y rendición de cuentas.
La controversia surge en un momento en que el gobierno federal busca consolidar modelos de contratación con enfoque social, por lo que la revisión de estos casos podría convertirse en un referente para futuras adjudicaciones bajo el nuevo marco normativo.
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