Aprueban reformas impulsadas por Rocío Nahle para reorganizar funciones estratégicas del gobierno estatal

Oposición cuestiona concentración de atribuciones; mayoría legislativa defiende mayor eficiencia administrativa

Xalapa, Ver., a 2 de junio de 2026.- La LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobó dos reformas promovidas por la gobernadora Rocío Nahle García que amplían las atribuciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), otorgándole facultades en materia de inteligencia financiera y la administración de concesiones para la verificación vehicular.

Mientras la mayoría legislativa defendió la medida como un paso hacia la modernización institucional, diputados de oposición advirtieron riesgos de concentración de funciones y una posible sobrecarga operativa para la dependencia.

Reconfiguran estructura administrativa del Gobierno estatal

Durante la sesión legislativa, el Pleno aprobó con 33 votos a favor, siete en contra y una abstención la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, mediante la cual se transfieren las funciones de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Con esta modificación, la Sefiplan asumirá responsabilidades relacionadas con el análisis financiero, patrimonial y económico, así como la generación de información vinculada con posibles delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La iniciativa forma parte de una estrategia de reorganización institucional impulsada por el Ejecutivo estatal, que busca concentrar en una sola dependencia herramientas de fiscalización, control y seguimiento financiero.

Inteligencia financiera como herramienta de control

Desde la perspectiva de los grupos parlamentarios que respaldaron la propuesta, la reforma permitirá fortalecer la capacidad del Estado para detectar irregularidades financieras y mejorar los mecanismos de vigilancia sobre el manejo de recursos públicos y privados.

La diputada Dorheny García Cayetano, en representación de Morena, sostuvo que la medida responde a la necesidad de actualizar la estructura gubernamental y delimitar con mayor claridad las responsabilidades de cada dependencia.

Por su parte, legisladores del Partido Verde consideraron que la nueva distribución de funciones permitirá combatir con mayor eficacia prácticas relacionadas con la corrupción y fortalecer la coordinación institucional.

Debate por concentración de facultades

La discusión legislativa también evidenció preocupaciones entre los grupos de oposición.

La diputada Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, cuestionó que la Sefiplan asuma tareas que tradicionalmente corresponden a áreas de seguridad y vigilancia, argumentando que la dependencia ya enfrenta una carga administrativa considerable.

En el mismo sentido, la legisladora María Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, expresó dudas sobre la capacidad operativa de la secretaría para absorber nuevas responsabilidades relacionadas con el manejo de información patrimonial y la administración de servicios concesionados.

Las críticas se centraron principalmente en el riesgo de concentrar facultades financieras, administrativas y de supervisión bajo una sola estructura gubernamental.

Verificación vehicular cambia de manos

En una segunda votación, el Congreso aprobó reformas a la Ley Estatal de Protección Animal que trasladan a la Sefiplan la facultad de otorgar concesiones administrativas para la prestación del servicio de verificación vehicular.

La medida no elimina la participación de la Secretaría de Medio Ambiente, que continuará siendo responsable de los aspectos técnicos y ambientales del programa, pero sí modifica el esquema administrativo y financiero bajo el cual operan los verificentros.

Con ello, la Sefiplan será la instancia encargada de supervisar los procesos concesionarios, el manejo de recursos y los aspectos administrativos relacionados con la verificación vehicular obligatoria.

Una apuesta por la reorganización institucional

Las reformas aprobadas reflejan uno de los primeros movimientos de fondo en la estructura administrativa del gobierno encabezado por Rocío Nahle.

Mientras sus promotores aseguran que la redistribución de funciones permitirá mejorar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, sus detractores advierten que será necesario vigilar cuidadosamente la implementación de estos cambios para evitar duplicidades, excesiva centralización o dificultades operativas.

El alcance real de las modificaciones dependerá de la capacidad institucional para coordinar áreas que tradicionalmente han operado de manera independiente y de los resultados que estas medidas generen en el combate a la corrupción, la administración pública y el control de servicios concesionados.