Acusan red de protección al narco en Sinaloa; salpica investigación de EU al entorno de Rubén Rocha Moya
Empresario ligado al gobernador habría adquirido propiedades millonarias al contado mientras ocupaba cargo público
Sinaloa, a 10 de mayo de 2026.- Una nueva investigación ligada a la justicia de Estados Unidos volvió a colocar a Sinaloa en el centro de la polémica nacional e internacional, luego de que salieran a la luz presuntos nexos entre integrantes del actual grupo político del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y una estructura relacionada con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
El caso gira en torno al empresario sinaloense Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal, señalado por autoridades estadounidenses como supuesto operador financiero y enlace político entre integrantes del gabinete sinaloense y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Una acusación que escala al ámbito político
De acuerdo con las investigaciones difundidas por autoridades norteamericanas, la red presuntamente no solo habría facilitado tráfico de drogas y armas, sino también protección institucional mediante acuerdos, designaciones y presuntos sobornos millonarios.
La acusación menciona que Díaz Vega habría servido como intermediario entre Rocha Moya e Iván Archivaldo, Alfredo y Ovidio Guzmán, integrantes del grupo conocido como Los Chapitos.
El señalamiento cobra fuerza debido a la evolución patrimonial del exfuncionario, quien desde su llegada al gobierno estatal en 2021 incrementó considerablemente sus propiedades inmobiliarias.
Propiedades millonarias y compras de contado
Según declaraciones patrimoniales y registros mercantiles, Díaz Vega acumuló al menos 42 propiedades valuadas en aproximadamente 131 millones de pesos, de las cuales más de 125 millones habrían sido pagadas al contado.
Entre los bienes destacan casas en zonas exclusivas, departamentos, lotes comerciales y residencias frente al complejo residencial La Primavera, uno de los desarrollos más lujosos de Sinaloa.
Las investigaciones también exhiben vínculos empresariales con distintas compañías inmobiliarias, agrícolas y automotrices, varias de ellas compartidas con empresarios ligados a Grupo Premier, uno de los consorcios privados más importantes del noroeste mexicano.
Del gabinete estatal a las sospechas internacionales
La narrativa de la fiscalía estadounidense apunta a que las operaciones presuntamente ocurrieron a partir de 2021, año en que Rocha Moya asumió la gubernatura y Díaz Vega tomó control de la Secretaría de Finanzas.
Aunque hasta ahora no existen sentencias judiciales definitivas, el caso ha provocado fuertes cuestionamientos sobre el uso del poder político, el origen de recursos económicos y la posible infiltración criminal en estructuras gubernamentales.
El empresario dejó el servicio público en 2024 luego de que Morena le negara una candidatura federal, pese al respaldo político que habría recibido desde el gobierno estatal.
Tras salir del gabinete, regresó a la administración de sus empresas privadas junto con socios vinculados al sector empresarial sinaloense.
Un escenario que revive la desconfianza ciudadana
La revelación de esta presunta red ha generado preocupación en distintos sectores sociales y políticos, especialmente en un contexto donde la violencia y la disputa entre grupos criminales continúan golpeando a Sinaloa.
Para analistas, el caso refleja cómo las investigaciones internacionales comienzan a exhibir no solo estructuras del narcotráfico, sino posibles relaciones entre dinero, política y poder económico.
Mientras tanto, ni Rubén Rocha Moya ni Enrique Díaz Vega han emitido una postura amplia sobre las acusaciones difundidas en medios internacionales.
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