Veracruz, entre los estados con más nacimientos en niñas de 10 a 14 años
Fallas institucionales y normalización cultural impiden frenar la problemática
Veracruz, a 8 de marzo de 2026.- Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en nacimientos registrados en niñas de entre 10 y 14 años, con 472 casos reportados durante 2025, según datos preliminares de la Dirección General de Información en Salud.
Organizaciones civiles advierten que estas cifras reflejan una problemática estructural vinculada a la violencia sexual, la falta de acceso efectivo a servicios de salud y la persistencia de patrones culturales que normalizan relaciones entre niñas y hombres adultos.
Una cifra que revela una crisis silenciosa
El embarazo infantil continúa siendo una problemática alarmante en Veracruz. De acuerdo con datos preliminares de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, el estado registró 472 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años durante 2025, ubicándose en el cuarto lugar nacional, solo por detrás de Chiapas, Estado de México y Puebla.
A estas cifras se suman 325 atenciones médicas a niñas por lesiones derivadas de violencia sexual en el mismo periodo, lo que evidencia la estrecha relación entre ambas problemáticas.
Para especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, el embarazo en niñas no puede entenderse como un fenómeno aislado ni como resultado de decisiones personales, sino como una consecuencia directa de la violencia sexual.
Adriana Fuentes, integrante de la organización Equifonía A.C., explicó que los datos reflejan una realidad que se repite año tras año en la entidad.
“En 2024 se cerró con 621 casos. Ese dato lo tuvimos prácticamente confirmado entre abril y mayo. Ahora contamos con un registro preliminar de 472 nacimientos, aunque la cifra podría modificarse conforme se actualicen los registros oficiales”, señaló.
Municipios donde se concentra la incidencia
El fenómeno del embarazo infantil se distribuye en distintas regiones del estado, aunque algunos municipios presentan mayor número de casos.
De acuerdo con los registros, San Andrés Tuxtla encabeza la lista con 25 nacimientos, seguido por La Perla con 14 casos.
También destacan Camerino Z. Mendoza, Soledad Atzompa y Veracruz, con 11 nacimientos cada uno, mientras que Coscomatepec y Xalapa reportan 10 casos respectivamente.
Otros municipios como Las Choapas, Jalacingo y Tres Valles registran tres casos cada uno.
No obstante, la organización Equifonía advierte que el problema no se limita a zonas específicas: los 212 municipios de Veracruz han reportado al menos un caso, lo que refleja la amplitud territorial de la problemática.
Además, de los registros analizados, 218 casos involucran a hombres de entre 18 y 59 años, lo que evidencia que en muchos casos los agresores son adultos.
“Es un número alarmante porque nuevamente esta cifra nos señala que los agresores son personas adultas. Y hay una cifra de 28 casos en los que no se especifica”, explicó Fuentes.
Omisiones institucionales en la atención
Especialistas advierten que el embarazo infantil también revela fallas en los mecanismos institucionales de prevención y atención.
Existen protocolos que obligan al personal de salud a notificar inmediatamente a las fiscalías y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuando una menor recibe atención por lesiones relacionadas con violencia sexual, ya que se trata de un delito que debe investigarse de oficio.
Además, si una familia presenta una denuncia, la fiscalía debe informar al sector salud para que se activen los servicios establecidos en la NOM-046, normativa que regula la atención a víctimas de violencia sexual.
Sin embargo, organizaciones civiles señalan que en la práctica estos mecanismos no siempre se activan.
“Si una niña llega al parto significa que la violencia se prolongó durante meses sin que ninguna institución interviniera”, explicó Adriana Fuentes.
Acceso limitado a la interrupción del embarazo
Otro de los puntos críticos es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación.
Información obtenida vía transparencia indica que entre enero de 2023 y octubre de 2025 solo 37 niñas menores de 15 años accedieron a este servicio en Veracruz.
De ese total, 16 casos se registraron en 2023, 11 en 2024 y 10 en 2025 hasta la fecha de corte.
Las intervenciones se realizaron en 15 municipios, entre los que destacan Xalapa con 13 casos, Veracruz con seis y Martínez de la Torre con cuatro.
También se reportaron procedimientos en Poza Rica y Río Blanco con dos casos cada uno, además de registros aislados en municipios como Cerro Azul, Oluta, Perote, Boca del Río, Coatepec, Cosamaloapan, Tezonapa, Tlapacoyan y Tuxpan.
A la par, el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud reporta 1,681 consultas prenatales de primera vez a embarazadas menores de 15 años en el mismo periodo.
De acuerdo con Fuentes, existe confusión entre la interrupción legal del embarazo (ILE) y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en casos de violencia sexual.
“Tratándose de víctimas de violencia sexual no hay límites de temporalidad para la interrupción voluntaria del embarazo”, explicó.
Además de los vacíos institucionales, el embarazo infantil también se sostiene en algunos contextos comunitarios donde persisten patrones culturales que normalizan relaciones entre niñas y hombres adultos.
En ciertas comunidades, señalan organizaciones civiles, se justifica o se minimiza el hecho de que una menor “se junte” con un adulto, lo que invisibiliza la violencia y dificulta que los casos sean denunciados.
“En algunas comunidades se normaliza que una niña tenga una relación con un hombre mayor. Pero eso es un delito”, afirmó Fuentes.
Esta normalización contribuye a que muchas familias no denuncien los hechos, perpetuando ciclos de violencia que afectan directamente a niñas y adolescentes.
Una deuda pendiente con las niñas
En el marco del Día Internacional de la Mujer, organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la necesidad de reconocer el embarazo infantil como una forma de violencia sexual.
Para colectivos como Equifonía, el reto principal es colocar a las niñas en el centro de las políticas públicas, garantizando atención médica, acceso a la justicia y mecanismos de protección efectivos.
La visibilización del problema, señalan, es apenas el primer paso para romper un ciclo que durante años ha permanecido oculto entre estadísticas y silencios sociales.
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