“Agua sucia no se paga”: usuarios de Veracruz y Boca del Río preparan más de 3 mil demandas contra concesionaria

Autoridades aprueban auditoría a Grupo MAS mientras crece la inconformidad social

Veracruz, a 2 de febrero de 2026.- La inconformidad por la calidad del agua potable en Veracruz y Boca del Río escaló del reclamo vecinal a la vía legal. Usuarios anuncian más de tres mil demandas contra la empresa concesionaria del servicio, mientras autoridades locales inician una auditoría a su operación. El conflicto revela una crisis de confianza en la gestión del agua y reabre el debate sobre el derecho a servicios públicos dignos.

Del recibo al rechazo

En hogares de Veracruz y Boca del Río, el recibo del agua dejó de ser un trámite rutinario para convertirse en motivo de indignación. Vecinos denuncian que el suministro llega turbio, con olor desagradable y, en algunos casos, con sedimentos visibles, lo que ha llevado a miles de usuarios a negarse a pagar por lo que califican como “agua sucia”.

La molestia no es reciente, pero ahora tomó forma organizada: ciudadanos preparan más de tres mil demandas colectivas y particulares contra la concesionaria Grupo MAS, señalando incumplimiento en la calidad del servicio y cobros que consideran desproporcionados frente a lo que reciben.

Las quejas: calidad, costos e infraestructura

Los usuarios argumentan que, además de la mala calidad del agua, no observan mejoras en la red hidráulica ni en las plantas de tratamiento. Colonias con baja presión, cortes intermitentes y tuberías antiguas forman parte del panorama que describen.

A esto se suma el impacto económico. Familias señalan que las tarifas han aumentado mientras deben gastar adicionalmente en garrafones, filtros o agua embotellada para consumo humano. Desde su perspectiva, el pago por el servicio se ha vuelto una doble carga: se paga por el agua de la red y por alternativas para poder usarla con seguridad.

La respuesta institucional: auditoría en marcha

Frente al creciente descontento, autoridades aprobaron una auditoría a la operación de Grupo MAS. El objetivo es revisar aspectos financieros, técnicos y administrativos del servicio concesionado, así como verificar si la empresa ha cumplido con las inversiones y estándares de calidad establecidos.

Aunque la revisión representa un paso institucional, para muchos usuarios llega tarde. La percepción ciudadana es que durante años las fallas se normalizaron sin que existiera una supervisión efectiva.

Más que un conflicto de tarifas

Desde una mirada interpretativa, el problema va más allá del color o el olor del agua. Lo que está en juego es la confianza en un modelo de concesión de servicios básicos. Cuando el acceso al agua potable —un derecho humano reconocido— se percibe como un servicio deficiente y costoso, el malestar se convierte en un reclamo social más amplio.

Las demandas anunciadas no sólo buscan frenar cobros, sino sentar un precedente sobre la obligación de garantizar calidad, transparencia en tarifas e inversión constante en infraestructura.

Un debate que apenas comienza

El conflicto en Veracruz y Boca del Río podría marcar un punto de inflexión en la relación entre ciudadanía, empresas concesionarias y autoridades. Si las demandas prosperan, el caso podría convertirse en referencia nacional sobre la defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos.

Mientras tanto, miles de familias mantienen su postura: no pagar por un servicio que consideran deficiente, a la espera de que las investigaciones oficiales confirmen o descarten las irregularidades denunciadas.