Ulises Lara y su ascenso en la FGR: polémica académica marca su nombramiento como fiscal especial

El nombramiento ocurre en medio del debate público sobre requisitos académicos, legalidad y confianza institucional

México, a 2 de enero de 2026.- El reciente nombramiento de Ulises Lara López como Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR) ha vuelto a colocar al funcionario en el centro del debate público, luego de que se diera a conocer que obtuvo el grado de doctor en Derecho en apenas 10 meses, pese a que el programa académico correspondiente tiene una duración oficial de más de dos años. La información, sustentada en registros oficiales y documentos académicos, se suma a una serie de cuestionamientos previos sobre su formación profesional y su vertiginoso ascenso dentro de las fiscalías capitalina y federal.

Un nombramiento de alto perfil en la FGR

Ulises Lara López, exdelegado de la Fiscalía General de la República en Morelos y exvocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fue designado a partir de este 2026 como Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, una de las áreas más sensibles de la FGR, encargada de litigar los casos jurídicos y penales de mayor impacto para el Estado mexicano.

El propio Lara dio a conocer su nombramiento a través de redes sociales, señalando que la designación fue realizada por la titular de la FGR, Ernestina Godoy, lo que implica asumir la conducción de investigaciones estratégicas y procesos judiciales de alto nivel.

La trayectoria académica bajo la lupa

De acuerdo con una revisión al Registro Nacional de Profesionistas realizada por El Sol de México, Ulises Lara obtuvo su título como Licenciado en Derecho el 10 de septiembre de 2019, por el Centro Universitario Cúspide de México. Sin embargo, fue hasta enero de 2024 cuando su cédula profesional apareció oficialmente registrada, lo que generó críticas en su momento, debido a que ya ocupaba cargos de alta responsabilidad en la Fiscalía capitalina.

El punto más controvertido surge con su doctorado en Derecho, expedido el 17 de julio de 2020 por el Instituto Ejecutivo Mexicano, apenas 10 meses y siete días después de haberse titulado como licenciado. Esto contrasta con la duración oficial del programa doctoral, que según su plan curricular —con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) 20182126— contempla 28 meses de formación académica.

Marco legal y cuestionamientos normativos

Especialistas y voces críticas han señalado que, conforme a la Ley General de Educación Superior, los estudios de doctorado deben cursarse necesariamente después de concluir la licenciatura, lo que imposibilita que ambos grados se obtengan de manera paralela. Además, aunque el RVOE del doctorado está vigente desde noviembre de 2018 para el plantel ubicado en Capulhuac, Estado de México, el tiempo efectivo de cursado sigue siendo un elemento central del debate.

Estos señalamientos no implican, por sí mismos, una ilegalidad comprobada, pero sí han generado dudas sobre la rigurosidad académica del proceso y sobre los criterios utilizados para la validación de los grados obtenidos.

Antecedentes de controversia en su carrera pública

La figura de Ulises Lara ya había sido objeto de críticas a inicios de 2024, cuando fue designado encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que el Congreso capitalino no ratificara a Ernestina Godoy. En ese momento, uno de los principales cuestionamientos fue que Lara no contaba, aparentemente, con licenciatura en Derecho, requisito indispensable para ocupar dicho cargo.

Un día después de asumir la encomienda, el 9 de enero de 2024, el Registro Nacional de Profesionistas fue actualizado, mostrando que Lara había obtenido su licenciatura desde 2019, aunque la cédula fue tramitada hasta ese momento, lo que avivó el debate sobre la transparencia y oportunidad en el cumplimiento de los requisitos legales.

Implicaciones institucionales y percepción pública

El nuevo cargo de Ulises Lara como fiscal especial lo coloca al frente de investigaciones clave para el país, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia es un tema sensible. Analistas consideran que, más allá de la legalidad administrativa de su formación académica, el caso refleja una discusión más amplia sobre los estándares de preparación, mérito y transparencia en el acceso a cargos de alta responsabilidad.

La polémica también subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación académica y profesional en el servicio público, particularmente en áreas tan delicadas como la impartición de justicia.