Iglesia católica en México reporta al menos 68 asesinatos en 30 años; extorsiones y violencia persisten

Organizaciones eclesiales e investigadores piden acciones integrales para proteger la libertad religiosa y la seguridad comunitaria

México, a 27 de enero de 2026.- En las últimas tres décadas, al menos 68 integrantes de la Iglesia católica en México —entre ellos un cardenal, 62 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos y 23 laicos— han sido asesinados en el contexto de violencia vinculada al crimen organizado. Además, cerca de 1,000 casos de extorsiones y cobros de “derecho de piso” han sido reportados hasta 2025, reflejando una tendencia grave de inseguridad que afecta tanto a ministerios religiosos como a comunidades completas.

La Iglesia católica como blanco de violencia

Durante los últimos 30 años, líderes religiosos y laicos vinculados a la Iglesia católica han sido objeto de violencia sistemática en diversas regiones de México. Las cifras —si bien aproximadas por organizaciones civiles y medios católicos— señalan que al menos 68 personas vinculadas a la Iglesia fueron asesinadas en ese periodo.

Esta cifra incluye un amplio espectro de integrantes:

1 cardenal

62 sacerdotes

1 diácono

4 religiosos

23 laicos, entre ellos una periodista católica

Detrás de estos homicidios se encuentran, en muchos casos, circunstancias ligadas a la presencia y operación de grupos del crimen organizado, que han visto en las instituciones religiosas tanto un objetivo de control territorial como una fuente de presión económica.

Extorsiones y “derecho de piso”: una práctica que no cesa

Además de los asesinatos, el clima de inseguridad para la Iglesia católica se extiende a extorsiones, cobros de “derecho de piso” y agresiones físicas directas. Para 2025, se documentaron cerca de 1,000 casos de este tipo de violencia o intimidación, según reportes que han circulado en medios especializados y fuentes de organizaciones religiosas.

Estos cobros forzosos —conocidos en muchos contextos como “derecho de piso”— implican exigencias de pago a cambio de “seguridad” o de no sufrir ataques, y han sido denunciados por sacerdotes, agentes pastorales y laicos en diversas diócesis. La imposición de estas cuotas, además de representar un riesgo físico, también genera un clima de miedo y vulnerabilidad en comunidades que dependen de la Iglesia para servicios espirituales, educativos y sociales.

Un impacto profundo en comunidades y fieles

Más allá de las cifras, la violencia que enfrenta la Iglesia católica tiene efectos tangibles y duraderos en las comunidades. Las parroquias y centros pastorales no solo son espacios espirituales, sino también lugares donde se ofrecen acompañamiento social, apoyo a familias vulnerables y desarrollo comunitario.

El asesinato de un sacerdote o la extorsión a un grupo de laicos no solo afecta a quienes son directamente atacados, sino que también induce miedo entre feligreses, limita la presencia visible de la Iglesia en zonas conflictivas y condiciona la participación comunitaria en actividades religiosas y sociales.

Voces que piden protección y acción

Diversos líderes eclesiásticos y académicos han señalado que este fenómeno no puede abordarse únicamente como una estadística de homicidios, sino como parte de un contexto más amplio de inseguridad que exige respuestas coordinadas.

Algunos defensores de derechos humanos y expertos en seguridad pública han señalado:

La necesidad de políticas de protección especial para líderes religiosos y comunitarios

El fortalecimiento de mecanismos de alerta temprana en regiones con presencia de grupos criminales

La promoción de espacios de diálogo interinstitucional entre la Iglesia, autoridades civiles y fuerzas de seguridad

La violencia que experimenta la Iglesia católica en México se suma a la inseguridad general que afecta al país, pero tiene particularidades que requieren enfoques específicos, dado el papel central de la religión en muchas comunidades.

La Iglesia en la intersección de fe y violencia

Históricamente, la Iglesia católica ha desempeñado un rol significativo en la vida social y cultural de México. Sus sacerdotes, religiosos y laicos han estado presentes en zonas rurales y urbanas, ofreciendo no solo servicios espirituales, sino también sociales, educativos y de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

La presencia de violencia contra estos actores no solo implica una amenaza a la libertad de culto, sino también al tejido social que muchas comunidades han construido alrededor de la fe y el acompañamiento pastoral.

Este fenómeno pone en cuestión qué tan seguros pueden sentirse los líderes religiosos al ejercer su labor y plantea retos para las autoridades en materia de protección de derechos humanos, libertad religiosa y seguridad comunitaria.

El contexto de violencia en torno a la Iglesia católica no solo configura una crisis de seguridad, sino también un desafío para la convivencia social y la garantía de derechos fundamentales en México. Frente a ello, organizaciones, comunidades y autoridades están llamados a articular estrategias que protejan a quienes sirven a los demás desde espacios de fe y servicio comunitario.