CEDHV alerta por alta negativa a recomendaciones: casi la mitad fue rechazada en 2025

Víctimas pueden escalar los casos ante la CNDH, recuerda Minerva Regina Pérez López

Veracruz, a 22 de enero de 2026.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) reconoció que durante 2025 casi el 50 por ciento de las recomendaciones emitidas no fueron aceptadas por las autoridades señaladas. De un total de 90 resoluciones, solo 50 fueron admitidas, mientras que 25 fueron rechazadas de manera expresa. La presidenta del organismo, Minerva Regina Pérez López, subrayó que, aunque las recomendaciones no son vinculantes, su rechazo envía una señal preocupante sobre la disposición institucional para reparar violaciones a derechos humanos.

Balance de un año con resistencia institucional

Al comparecer ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Congreso del Estado, la presidenta de la CEDHV, Minerva Regina Pérez López, presentó un panorama que refleja tensiones persistentes entre el organismo defensor y diversas autoridades estatales y municipales.

Durante 2025, la comisión emitió 90 recomendaciones derivadas de investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos. De ese total, únicamente 50 fueron aceptadas, lo que representa el 55.6 por ciento, mientras que 25 fueron rechazadas, una cifra que evidencia que casi la mitad de las resoluciones no logró el respaldo de las autoridades señaladas.

La omisión o negativa a aceptar recomendaciones, explicó Pérez López, no implica automáticamente el cierre de los casos ni la inexistencia de responsabilidades, pero sí limita la posibilidad de una reparación integral del daño a las víctimas en el ámbito estatal.

La Fiscalía, entre las autoridades más señaladas

Entre las instituciones que no aceptaron las recomendaciones de la CEDHV destaca la Fiscalía General del Estado (FGE), que rechazó al menos ocho resoluciones emitidas en su contra. Este dato resulta relevante, dado el papel central de la Fiscalía en la investigación de delitos y en la procuración de justicia, ámbitos donde las violaciones a derechos humanos suelen tener consecuencias graves para las personas afectadas.

La titular de la comisión reconoció abiertamente que las recomendaciones no son jurídicamente vinculantes, lo que permite a las autoridades aceptarlas o rechazarlas sin consecuencias inmediatas. Sin embargo, enfatizó que su fuerza radica en el sustento técnico, jurídico y ético con el que son elaboradas, así como en la presión pública que generan.

La vía nacional: alternativa para las víctimas

Ante la negativa de algunas autoridades, Pérez López recordó que las personas agraviadas tienen la posibilidad de acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar que revise el caso. Durante el periodo informado, 12 recomendaciones estatales fueron sometidas a este procedimiento ante la instancia nacional.

Este mecanismo, explicó, representa una vía adicional de defensa para las víctimas, aunque también implica procesos más largos y complejos, lo que retrasa la obtención de justicia y reparación.

Miles de quejas y concentración en pocas autoridades

Durante 2025, la CEDHV recibió un total de 8 mil 308 solicitudes de intervención, una cifra que refleja la persistencia de conflictos entre la ciudadanía y las instituciones públicas. De acuerdo con el informe presentado, cinco autoridades concentran el 84 por ciento de las quejas recibidas en ese año, lo que apunta a patrones reiterados de actuación que podrían estar vulnerando derechos fundamentales.

Aunque no se detallaron públicamente todas las dependencias involucradas, la concentración de quejas en un número reducido de autoridades sugiere problemas estructurales que van más allá de casos aislados y que requieren cambios de fondo en prácticas administrativas, protocolos de actuación y mecanismos de supervisión.

El informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos deja al descubierto un escenario complejo: un alto volumen de quejas ciudadanas, recomendaciones que no siempre son aceptadas y una limitada capacidad coercitiva del organismo defensor. En este contexto, la comparecencia de Minerva Regina Pérez López ante el Congreso del Estado no solo funcionó como un ejercicio de rendición de cuentas, sino también como un llamado a las autoridades para asumir con mayor seriedad su responsabilidad frente a los derechos humanos y a fortalecer una cultura institucional basada en la prevención, la reparación y el respeto a la dignidad de las personas.