La fiscalización de la Cuenta Pública 2025 será clave para deslindar responsabilidades
Veracruz, a 22 de enero de 2026.- El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) reconoció la existencia de irregularidades en los procesos de entrega-recepción en diversos ayuntamientos, aun cuando las autoridades salientes y entrantes recibieron capacitación previa. La auditora general, Delia González Cobos, advirtió que estas anomalías representan alertas tempranas para la revisión de la Cuenta Pública 2025, entre ellas el caso del municipio de Mixtla de Altamirano, donde se reportó la venta de vehículos oficiales como chatarra, incluyendo una unidad de modelo reciente.
Fallas persistentes en la entrega-recepción municipal
A pesar de los talleres y asesorías impartidas por el Órgano de Fiscalización Superior, persisten prácticas irregulares en algunos municipios del estado durante los procesos de entrega-recepción. Así lo reconoció la auditora general del Orfis, Delia González Cobos, quien calificó esta situación como lamentable, al tratarse de procedimientos fundamentales para garantizar la continuidad administrativa y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La funcionaria explicó que el Orfis ya tiene conocimiento de diversos casos en los que, aun con capacitación previa, no se cumplió cabalmente con lo que establece la normatividad vigente, lo que podría derivar en observaciones y posibles responsabilidades administrativas o legales.
Mixtla de Altamirano: un caso emblemático
Entre los casos que han generado mayor preocupación se encuentra el del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, donde se reportó la venta de vehículos oficiales como si fueran chatarra. De acuerdo con la auditora general, entre los bienes enajenados se encontraba incluso una camioneta de modelo reciente, lo que abre interrogantes sobre el destino del patrimonio municipal y la legalidad de dichas operaciones.
González Cobos señaló que actualmente se encuentra a la espera de los dictámenes formales del proceso de entrega-recepción de ese municipio y de otros más, documentos que serán analizados a fondo durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, correspondiente al último ejercicio de los gobiernos municipales que concluyeron funciones.
Llamado a denunciar y cumplir con la ley
Ante este panorama, la titular del Orfis exhortó a las autoridades municipales entrantes a cumplir puntualmente con todo lo que marca el proceso de entrega-recepción y, en caso de detectar anomalías, presentar las denuncias correspondientes. Subrayó la importancia de que los dictámenes completos y debidamente integrados sean remitidos al órgano fiscalizador, ya que constituyen insumos clave para la auditoría.
“Esa información nos permite encender alarmas y focos rojos”, explicó, al detallar que los hallazgos preliminares sirven para orientar la revisión del ejercicio fiscal 2025 y detectar áreas de riesgo que requieren una fiscalización más exhaustiva.
Inconsistencias administrativas, el principal problema
Delia González Cobos aclaró que un alto porcentaje del daño patrimonial detectado en las cuentas públicas no necesariamente obedece a desvíos deliberados de recursos, sino a inconsistencias administrativas recurrentes. Entre las más comunes, mencionó la ejecución de obra pública en terrenos que no son propiedad de los ayuntamientos, una práctica que genera observaciones graves al no contar con la certeza jurídica necesaria.
Este tipo de fallas, dijo, refleja deficiencias en la planeación, en la integración de expedientes técnicos y en el cumplimiento de los requisitos legales, lo que termina afectando la correcta comprobación del gasto público.
Con la revisión de la Cuenta Pública 2025 en puerta, el Orfis se prepara para una fiscalización marcada por la atención a los procesos de cierre de las administraciones municipales. Casos como el de Mixtla de Altamirano evidencian la importancia de fortalecer la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas en los ayuntamientos. La autoridad fiscalizadora advirtió que las irregularidades detectadas en la entrega-recepción no quedarán al margen del escrutinio y que serán determinantes para fincar responsabilidades y proteger el patrimonio público de los municipios veracruzanos.
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