Baja California Sur estrena en 2026 el Derecho de Saneamiento Ambiental: nuevo cobro al turismo para financiar protección ecológica

El sector turístico será el principal contribuyente, mientras crecen las críticas por el impacto económico

Baja California Sur, a 15 de enero de 2026.- A partir de 2026, Baja California Sur aplicará de manera homologada el Derecho de Saneamiento Ambiental, una contribución fiscal dirigida principalmente a turistas y usuarios de servicios recreativos. El nuevo esquema busca generar recursos para la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable, aunque ha encendido el debate político y económico por el aumento de cargas impositivas en la entidad.

Un nuevo impuesto con enfoque ambiental

Desde el 1 de enero de 2026, Baja California Sur contará con un esquema uniforme de cobro denominado Derecho de Saneamiento Ambiental, una contribución vinculada a la actividad turística y recreativa. El objetivo central es recaudar fondos para acciones de preservación ambiental, restauración ecológica, desarrollo sustentable e infraestructura urbana en municipios con alta afluencia de visitantes.

La medida fue aprobada durante una sesión extraordinaria del Congreso del Estado en diciembre de 2025, como parte de una reforma a las leyes hacendarias de los municipios de Mulegé, Comondú, Loreto y La Paz, estableciendo criterios comunes para su aplicación y administración.

¿Quiénes deberán pagar el Derecho de Saneamiento Ambiental?

El cobro no se aplica de forma generalizada a la población local, sino que se enfoca en quienes contraten servicios turísticos dentro de los municipios señalados. De acuerdo con la reforma, deberán cubrir esta contribución:

Personas que se hospeden en hoteles, posadas, moteles, hostales y casas de huéspedes.

Usuarios de casas, departamentos o habitaciones privadas o compartidas, contratadas de manera directa o mediante plataformas digitales.

Personas que utilicen casas rodantes y campamentos.

Quienes renten vehículos automotores o embarcaciones marítimas y recreativas.

El turismo, motor económico del estado, se convierte así en el principal aportante de este nuevo esquema fiscal.

Cuotas, UMA y el impacto en el bolsillo

El monto del derecho está calculado con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para 2026, el INEGI fijó su valor diario en 117.31 pesos, lo que representa un incremento del 3.6 por ciento respecto al año anterior.

Con este referente, las tarifas quedarán de la siguiente forma:

Hospedaje tradicional: 70% del valor diario de la UMA, equivalente a 82.12 pesos por habitación y por noche.

Renta de vehículos y embarcaciones recreativas: 50% del valor diario de la UMA, alrededor de 58.65 pesos por servicio.

Hospedaje vía plataformas digitales: Dos veces el valor diario de la UMA, es decir, 234.62 pesos por noche, sin importar el número de personas alojadas.

A la par, la reforma también establece que, desde 2026, quienes adquieran bienes inmuebles deberán pagar el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, con una tasa del 3%, y del 1.5% en casos de donación o sucesión familiar.

El destino de los recursos: fideicomisos y sustentabilidad

Los fondos recaudados deberán destinarse exclusivamente a proyectos de preservación ambiental, protección de recursos naturales, restauración ecológica y mejora del entorno urbano. Para ello, los ayuntamientos de Mulegé, Comondú, Loreto y La Paz están obligados a conformar fideicomisos municipales de saneamiento ambiental a más tardar en enero de 2026, los cuales administrarán los recursos bajo reglas específicas de transparencia y aplicación.

Debate político y presión económica

Aunque el gobierno estatal y los municipios defienden el impuesto como una herramienta necesaria ante el crecimiento turístico y la presión sobre el medio ambiente, sectores empresariales y fuerzas políticas como el PAN han advertido que los aumentos de impuestos representan una carga excesiva para negocios y familias, especialmente en un contexto económico complejo.

El saneamiento ambiental, ya aplicado en otros destinos turísticos del país, se presenta en Baja California Sur como una apuesta por equilibrar crecimiento económico y conservación, aunque su eficacia dependerá del manejo real de los recursos y de la rendición de cuentas.

El Derecho de Saneamiento Ambiental entrará en vigor el 1 de enero de 2026 en los municipios de Mulegé, Comondú, Loreto y La Paz, tras su aprobación en diciembre de 2025 por el Congreso del Estado de Baja California Sur. El nuevo cobro comenzará a reflejarse en facturas y comprobantes de servicios turísticos, marcando un cambio significativo en la política fiscal y ambiental de la entidad.