Veracruz redirecciona recursos de la verificación vehicular para renovar el transporte público

El nuevo esquema redefine el papel de los verificentros y convierte la verificación en un instrumento de política de movilidad

Veracruz, a 30 de diciembre de 2025.- El Gobierno del Estado de Veracruz modificó la distribución de los ingresos generados por la verificación vehicular, destinando el 40 por ciento de lo recaudado a la modernización del transporte público. El acuerdo, formalizado en la Gaceta Oficial, marca un giro en el uso de estos recursos al vincularlos directamente con la mejora del sistema de movilidad en la entidad.

La verificación, más allá del control ambiental

La verificación vehicular en Veracruz dejará de ser únicamente un mecanismo de control ambiental para convertirse también en una fuente de financiamiento destinada a la renovación del transporte público. Así lo establece un acuerdo emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, edición extraordinaria número 516.

Con esta medida, el gobierno estatal busca atender una de las demandas más persistentes en materia de movilidad: la necesidad de modernizar unidades, mejorar el servicio y avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente y seguro.

Nuevo reparto de ingresos

De acuerdo con el documento oficial, el 60 por ciento de los ingresos obtenidos por cada verificación corresponderá a los entes verificadores, mientras que el 40 por ciento será canalizado directamente al Gobierno del Estado.

En el caso de los verificentros, el porcentaje asignado incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que garantiza la viabilidad financiera de su operación. Por su parte, el costo de los hologramas será absorbido por la administración estatal, un ajuste que modifica la carga económica tradicional del proceso.

Tarifas y destino de los recursos

El acuerdo fija el costo de las verificaciones estáticas, dinámicas y de vehículos diésel en 2.5221 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a poco más de 285 pesos, conforme al valor vigente.

De ese monto, una parte será entregada a los centros de verificación y el 40 por ciento restante se destinará a proyectos de modernización del transporte público, lo que abre la puerta a inversiones en renovación de unidades, mejoras operativas y fortalecimiento de la movilidad urbana y regional.

Un mensaje político y administrativo

El redireccionamiento de estos recursos envía un mensaje claro: el gobierno estatal apuesta por vincular el cumplimiento de obligaciones vehiculares con beneficios visibles para la población usuaria del transporte público. No obstante, el impacto real de la medida dependerá de la transparencia en el uso de los recursos y de la efectividad de los proyectos que se financien con este fondo.