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Instituciones de Veracruz acumulan 20 recomendaciones de derechos humanos rechazadas: violaciones graves y falta de rendición de cuentas

SSP y Fiscalía concentran la mayoría de casos no atendidos, pese a involucrar tortura, detenciones arbitrarias y omisiones en investigaciones.
Veracruz, a 11 de diciembre de 2025.- Hasta septiembre de 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz registró 20 recomendaciones que las instituciones responsables decidieron no aceptar. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezan esta lista, acumulando episodios que incluyen tortura, detenciones arbitrarias, negligencias graves en desapariciones y trato indigno a víctimas. La revisión del registro revela un panorama de resistencias institucionales y prácticas violatorias que permanecen sin correctivos.

Un mapa de omisiones en derechos humanos

La revisión del registro de la CEDHV muestra un patrón sostenido: las dependencias con mayores atribuciones coercitivas —la SSP y la FGE— son también las que más rechazaron las recomendaciones emitidas en su contra. De 20 casos no aceptados, 13 pertenecen a estas dos instituciones, concentrando violaciones relacionadas con integridad personal, seguridad jurídica, desapariciones, violencia institucional y derechos de víctimas.

FGE: negligencia en investigaciones y abusos ministeriales

Las recomendaciones rechazadas por la Fiscalía General del Estado retratan un historial de omisiones graves.
Entre ellas destaca la Recomendación 08/2025, donde se acreditó la falta de diligencia al atender a una mujer víctima de violencia familiar en Orizaba. Pese a presentar lesiones y estar en riesgo, no se le otorgaron medidas de protección ni se abrió carpeta de investigación.

Otro expediente, la Recomendación 11/2025, documenta la dilación y mala integración de la investigación de una desaparición forzada ocurrida en Acayucan en 2020, un caso en el que la Fiscalía no actuó con la urgencia requerida.

La institución también rechazó la Recomendación 16/2025, un caso particularmente grave por involucrar tortura física, psicológica y sexual, así como una detención arbitraria cometida por elementos de la Policía Ministerial.

Asimismo, la Recomendación 30/2025 exhibió trato indigno hacia los restos de las víctimas del ataque al bar “Caballo Blanco” y revictimización a sus familiares por parte del Semefo.

SSP: detenciones arbitrarias, tortura y uso excesivo de la fuerza

El listado de recomendaciones no aceptadas por la Secretaría de Seguridad Pública vuelve visible un patrón recurrente: detenciones sin justificación, agresiones, incomunicación y actos de tortura.

La Recomendación 06/2025, por ejemplo, se refiere a la detención arbitraria de un ciudadano en Coatzintla en 2021.
La 37/2025 describe un caso donde la víctima fue detenida sin motivo, agredida físicamente y mantenida esposada durante horas sin atención médica.

Otras recomendaciones —como la 58/2025, 59/2025, 61/2025, 65/2025 y 68/2025— documentan allanamientos ilegales, detenciones en domicilios y múltiples formas de tortura, perpetradas por Fuerza Civil y Policía Estatal.

Otras instituciones: violencias diversas y resistencia a corregir

La lista de recomendaciones no aceptadas por otras dependencias también reflejó problemas estructurales más allá del ámbito policial:
Universidad Veracruzana: señalada por violencia laboral dentro de su Secretaría de Desarrollo Institucional.
Ayuntamiento de Papantla: responsable de violaciones a derechos de la niñez y privación ilegal de la libertad (Recomendación 07/2025).
Ayuntamiento de Sayula de Alemán: señalado por violentar la libertad de expresión de un periodista (Recomendación 14/2025).
Ayuntamiento de Cosamaloapan: incumplió una sentencia del 2014, afectando acceso a la justicia (Recomendación 26/2025).
Ayuntamiento de Veracruz: responsable de violar seguridad jurídica (Recomendación 33/2025).
SEDARPA: incumplió un laudo laboral (Recomendación 35/2025).
Ayuntamiento de Tres Valles: también incumplió un laudo, afectando acceso a la justicia (Recomendación 64/2025).

Sistema que se resiste a corregirse

Las recomendaciones no aceptadas no sólo evidencian violaciones específicas, sino un problema institucional más profundo: la negativa sistemática de organismos públicos a reconocer fallas y asumir medidas de reparación. En un estado con graves antecedentes de abusos policiales, desapariciones y violencia institucional, la falta de respuesta representa un retroceso en materia de derechos humanos y una señal de alarma para víctimas y organizaciones civiles.

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