FGR solicita orden de aprehensión contra contralmirante por presunta red de “huachicol fiscal”

El marino, sobrino político del exsecretario de Marina, es buscado por la Interpol en 192 países; se le acusa de encabezar una red de contrabando de combustibles

México, a 6 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente una orden de aprehensión contra el contralmirante Fernando Farías Laguna, conocido como Fernando “N”, por su presunta participación en una red de delincuencia organizada con fines de cometer delitos relacionados con hidrocarburos, en lo que las autoridades han denominado el caso del “huachicol fiscal”.

El contralmirante, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, no se presentó a la audiencia programada este jueves en los juzgados federales del Altiplano, donde se le imputarían los cargos correspondientes. Ante su ausencia, el Ministerio Público solicitó a la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez realizar una audiencia privada para pedir la detención inmediata y presentación del imputado ante la autoridad judicial.

De acuerdo con la investigación de la FGR, Fernando “N” habría liderado una red de contrabando de hidrocarburos, en la que se simulaba la importación de combustibles bajo la apariencia de productos legales —como aditivos o lubricantes— con el fin de evadir impuestos en aduanas mexicanas. El esquema habría permitido el ingreso ilegal de miles de barriles de combustible, ocasionando pérdidas millonarias al erario.

La Interpol emitió en septiembre una ficha roja internacional para su localización, por lo que actualmente es buscado en 192 países, al ser considerado prófugo de la justicia. Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto “N”, ya fue vinculado a proceso por los mismos delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según el expediente judicial, Fernando Farías Laguna habría utilizado bienes inmuebles, pólizas de aseguradoras y transferencias internacionales para lavar dinero derivado de las operaciones de contrabando, moviendo millones de dólares a través de empresas fachada y cuentas en el extranjero.

El caso ha generado gran repercusión dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, ya que marca uno de los escándalos más serios de presunta corrupción dentro de la Marina en los últimos años. Las investigaciones apuntan a que el contralmirante habría aprovechado su rango y conexiones institucionales para manipular procesos aduanales y encubrir el tráfico de hidrocarburos ilegales.

Hasta el momento, la FGR no ha confirmado si existen más mandamientos judiciales contra otros elementos vinculados a la red, pero aseguró que continuará con las acciones necesarias para desarticular el entramado financiero y operativo detrás del caso.

Este episodio reaviva el debate sobre la infiltración del crimen organizado en sectores estratégicos del Estado, así como la urgencia de reforzar los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas dentro de las instituciones castrenses.