Sheinbaum propone Ley General contra la Extorsión: castigos más severos y persecución de oficio

La iniciativa busca unificar el tipo penal en todo el país y endurecer sanciones ante el incremento de casos en entidades como Estado de México, Veracruz y Guanajuato

México, a 21 de octubre de 2025.- La Cámara de Diputados recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, una propuesta que pretende armonizar los distintos códigos penales del país, establecer penas más severas y garantizar que este delito sea perseguido de oficio en todo el territorio nacional.

El documento, considerado una ley reglamentaria del artículo 73 constitucional, busca atender de forma integral uno de los fenómenos delictivos que más afecta a la ciudadanía y a los sectores productivos: la extorsión en sus diversas modalidades, desde el cobro de piso hasta los denominados “montachoques”.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2024 y enero de 2025, los estados de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz concentraron el 61% de las víctimas de extorsión registradas en el país. El Estado de México encabeza la lista con un preocupante 28.5% del total de casos.

Un marco uniforme y penas más duras

Actualmente, las penas por extorsión varían considerablemente entre las entidades federativas: mientras en Chihuahua van de 5 a 30 años de prisión, en Oaxaca apenas alcanzan de 1 a 3 años. Las multas también fluctúan, desde 36 mil pesos en estados como Jalisco o Michoacán, hasta más de 691 mil pesos en Coahuila.

Ante esta disparidad, la iniciativa presidencial propone un tipo penal básico nacional, con sanciones de 6 a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre 11 mil 314 y 56 mil 570 pesos.

Agravantes divididas en tres categorías

La propuesta contempla 34 agravantes, organizadas en tres niveles de severidad:

Primera categoría: de 8 a 20 años de prisión, cuando el delito esté vinculado con el cobro de piso, la imposición de precios o se cometa contra candidatos a cargos de elección popular.

Segunda categoría: de 9 a 22 años y medio, si la víctima es menor de edad, migrante, mujer embarazada o si el responsable mantiene una relación de confianza con la víctima.

Tercera categoría: de 10 a 25 años de prisión, aplicable en casos como los “montachoques”, cuando intervengan personas armadas, se utilicen menores de edad, participe un servidor público, o la extorsión afecte la economía de un estado.

Sanciones adicionales y delitos vinculados

El proyecto también prevé penas de 4 a 12 años para quienes auxilien o participen indirectamente en actos de extorsión. Además, impone de 3 a 8 años de prisión a quienes introduzcan teléfonos celulares a los centros penitenciarios sin autorización, una práctica que ha facilitado la operación de redes delictivas desde el interior de las cárceles.

Por otro lado, los servidores públicos o autoridades penitenciarias que permitan o faciliten estos delitos enfrentarán penas de 8 a 20 años de cárcel, con el objetivo de erradicar la colusión institucional que ha permitido la continuidad de extorsiones desde los penales.

Una apuesta por la protección ciudadana

Con esta iniciativa, el gobierno federal busca cerrar los vacíos legales, fortalecer la coordinación interinstitucional y ofrecer un marco jurídico sólido para combatir de manera frontal uno de los delitos que más vulneran la seguridad, la economía y la paz social.

De aprobarse, la nueva Ley General marcaría un precedente histórico en la legislación penal mexicana, al consolidar un enfoque unificado que permita perseguir y sancionar la extorsión con rigor y justicia, sin importar en qué estado del país ocurra.