Senado aprueba reforma para combatir la extorsión; delito pasará a ser de fuero federal ante alarmante incremento en el país

México, a 6 de octubre de 2025.- En respuesta al preocupante aumento de casos de extorsión en México, el Senado de la República aprobó la reforma al artículo 73 constitucional, la cual otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General en Materia de Extorsión, con lo que este delito dejará de ser del fuero común para convertirse en federal. La medida busca unificar los criterios de persecución, endurecer sanciones y cerrar los espacios de impunidad que han permitido el crecimiento de este ilícito en los últimos años.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la extorsión ha crecido un 57.6% en seis años, al pasar de un promedio diario de 18.89 casos en 2018 a 29.77 en 2025, equivalentes a más de 10 mil denuncias anuales. El delito, que se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, afecta por igual a familias, pequeños negocios y empresas de todo el país.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Óscar Cantón Zetina (Morena), promotor de la iniciativa, explicó que el objetivo es tipificar con claridad los delitos de extorsión, secuestro y desaparición forzada, además de establecer penas más severas y mecanismos de coordinación entre autoridades federales y estatales.

Durante la sesión, la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath (Morena) advirtió que la extorsión “es un lastre económico y social que afecta los hogares y los negocios, y cuyo costo nacional asciende a 124 mil millones de pesos anuales”. En tanto, Verónica Rodríguez Hernández (PAN) recordó que solo en el primer semestre de 2025, el Monitor de Seguridad de Coparmex registró 5,887 víctimas de extorsión, mientras que la senadora Carolina Viggiano Austria (PRI) lamentó que el 97% de los casos no se denuncian por desconfianza en las autoridades.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano) puntualizó que las carpetas de investigación pasaron de 500 en 2015 a más de 850 en 2025, lo que refleja “una duplicación en la incidencia y una señal clara de que la impunidad sigue alimentando este delito”. Por su parte, Luis Armando Melgar (Partido Verde) alertó que la extorsión “ya es un sistema de financiamiento del crimen organizado”, afectando principalmente a comerciantes, transportistas y empresarios que pagan el llamado “derecho de piso” bajo amenazas.

La reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado y rápidamente ratificada por 18 congresos estatales, entre ellos Veracruz, Chiapas, Tabasco, Sonora, Yucatán y Zacatecas. En el caso de Nayarit, la votación fue de 28 a favor y uno en contra. Ahora, se espera que el Senado y la Cámara de Diputados emitan la declaratoria de validez constitucional antes de que el Ejecutivo Federal presente la iniciativa formal de la Ley General en Materia de Extorsión.

Según el INEGI, en 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión en el país, lo que equivale a 5,213 casos por cada 100 mil habitantes. El 85.6% de los casos se realizaron vía telefónica, y en 12.9% de ellos, las víctimas pagaron el monto exigido. Asimismo, 15.2% de las extorsiones ocurrieron en la vía pública o por cobro de piso, y en el 67% de esas situaciones las víctimas cedieron ante las amenazas.

El académico Francisco Jiménez Reynoso, experto en seguridad de la Universidad de Guadalajara, advirtió que si bien la nueva ley busca homologar los criterios legales a nivel nacional, su efectividad dependerá de la capacidad de las fiscalías y la erradicación de la corrupción.

“El delito de extorsión ya estaba tipificado en los códigos penales federal y estatales. El problema no es la falta de leyes, sino la ineficiencia e impunidad, que alcanza el 98% de los casos. Los legisladores creen que reformando la Constitución se solucionan los delitos, pero si no se aplica la ley, nada cambia”, señaló.

Jiménez Reynoso concluyó que el verdadero reto será fortalecer las instituciones de procuración de justicia, garantizar investigaciones efectivas y proteger a las víctimas. “Mientras las fiscalías sigan siendo ineficaces o corruptas, cualquier nueva ley será letra muerta”, subrayó.

Con la aprobación de esta reforma, México da un paso significativo hacia la creación de un marco jurídico unificado contra la extorsión, uno de los delitos más extendidos y devastadores del país. Sin embargo, expertos y legisladores coinciden: la clave no está solo en reformar la ley, sino en hacerla cumplir y devolver la confianza ciudadana en la justicia.