Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo entre acusaciones de retroactividad y debate por derechos ciudadanos
El dictamen, presentado por el senador Javier Corral, plantea cambios sustanciales en el funcionamiento del juicio de amparo, figura clave en la defensa de los derechos ciudadanos frente a actos de autoridad. Entre los ajustes más relevantes se encuentran la digitalización total de los juicios, la reducción de plazos procesales y nuevas reglas para el interés legítimo y las medidas cautelares.
La polémica reserva de Ladrón de Guevara
El debate se encendió con la reserva presentada por el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que establece que los asuntos en trámite deberán resolverse con la nueva ley y no con la regulación previa. Opositores del PRI y el PAN acusaron que se trata de una aplicación retroactiva que vulnera garantías procesales.
“La gente tiene derecho a que sus casos se resuelvan con reglas vigentes; cambiar las normas a mitad del proceso elimina certezas jurídicas”, advirtió la priista Carolina Viggiano.
Desde el PAN, la senadora Verónica Rodríguez sostuvo que la reserva limita la defensa ciudadana y amplía el poder de las autoridades.
Huerta Ladrón de Guevara defendió la propuesta señalando que no afecta derechos adquiridos ni la esencia del juicio de amparo:
“Lo que se busca es evitar que amparos se utilicen para retrasar sentencias firmes, especialmente en materia fiscal. No hay retroactividad violatoria, lo que hacemos es positivar criterios que ya estaban vigentes en la jurisprudencia”.
Al final, la mayoría morenista aprobó la reserva, pese a las críticas opositoras.
Cambios clave en la reforma
Juicios digitales: El amparo podrá realizarse completamente en línea, otorgando a los expedientes electrónicos el mismo valor que a los físicos.
Plazos reducidos: Los jueces tendrán 90 días naturales para dictar sentencia tras la audiencia constitucional.
Interés legítimo: Se elimina el requisito de que la lesión jurídica sea “actual” y “directa”, permitiendo amparos por afectaciones inminentes o previsibles, así como en defensa de derechos colectivos.
Medidas cautelares: Los jueces deberán ponderar el interés social, la apariencia del buen derecho y el interés suspensional antes de otorgar suspensiones.
Ámbito fiscal: Se restringen recursos contra créditos fiscales ya determinados y resoluciones firmes, cerrando la puerta a litigios que alargaban cobros.
Responsabilidad de servidores públicos: Se mantiene el esquema actual en el que cada funcionario responde por incumplir sentencias de amparo, descartando que el Estado asuma esa carga.
Garantías fiscales: Se amplía a cinco días el plazo para exhibir el pago de la garantía en juicios contra actos de ejecución o cobro de créditos fiscales.
Lo que sigue
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, donde podría ser ratificado o sufrir modificaciones. No será definitivo hasta que la presidenta Sheinbaum lo promulgue y se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Mientras tanto, el debate sobre la posible retroactividad y su impacto en la defensa de los derechos fundamentales marcará la discusión en los próximos días. Para la oposición, la reforma abre un camino de incertidumbre; para Morena, se trata de garantizar una justicia más ágil y eficaz.
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