Reforma a la Ley de Amparo amenaza último recurso de pacientes ante desabasto de medicamentos
Sin embargo, esta vía de protección podría verse limitada tras la reciente aprobación de la reforma a la Ley de Amparo por la Cámara de Diputados. Organizaciones civiles alertan que las modificaciones podrían restringir el acceso a amparos colectivos y favorecer interpretaciones que prioricen “el interés social” sobre la vida de cada paciente.
“El amparo se convirtió en una forma de salvar vidas. Hoy, con esta reforma, tememos que esa posibilidad desaparezca”, señala Andrea Rocha, directora de la Unión Nacional contra el Desabasto.
El amparo: una herramienta de vida
Antes de 2011, solo podían interponer un amparo quienes demostraran una afectación directa. Posteriormente, la figura del “interés legítimo” permitió que colectivos y pacientes vulnerables accedieran a la justicia para defender derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud. Gracias a esta vía, miles de pacientes lograron recibir tratamientos cuando hospitales públicos carecían de insumos.
“Un juez podría ahora negar un medicamento aduciendo que darlo pondría en riesgo el financiamiento para otros pacientes. Esto es una sentencia de vida o muerte”, advierte Guillermo Rivera, director de Justicia contra el Cáncer, organización que ha acompañado a más de 4,400 personas en este proceso.
Suspensiones provisionales y derechos colectivos en riesgo
Las nuevas reglas establecen que, para otorgar una suspensión provisional, el juez deberá evaluar el “interés social” y el impacto sobre la colectividad, lo que limita la protección de derechos colectivos. En el caso de la salud, esto significa que los pacientes podrían quedarse sin tratamientos urgentes mientras se priorizan recursos para otros.
Impacto en hospitales y pacientes
El IMSS lidera los amparos por medicamentos, con 3,837 casos entre 2017 y 2023, mientras que el Consejo de Salubridad General recibió más de 14,000 amparos colectivos, según el Colectivo Cero Desabasto. Estos juicios no solo han salvado vidas, sino que también han presionado a las instituciones de salud para mantener un mínimo de abastecimiento de fármacos esenciales.
El riesgo de la reforma
La creación del Tribunal de Justicia Disciplinaria en el Poder Judicial podría permitir sancionar a jueces que otorguen amparos desfavorables para las autoridades, debilitando aún más la protección de derechos humanos.
“Nos están diciendo que nuestra vida puede depender de la interpretación de un juez sobre el ‘interés colectivo’. ¿Quién garantiza que esto no nos deje desprotegidos?”, cuestiona Andrea Rocha, visiblemente preocupada por los pacientes con enfermedades graves.
Mientras tanto, organizaciones civiles como Centro Prodh, Fundar, Gire, Cemda y Artículo 19 alertan que la reforma restringe el acceso a la justicia para colectivos y grupos vulnerables, y podría revertir los avances logrados en la defensa de derechos humanos y acceso a la salud.
Para miles de mexicanos, el amparo ha sido la última línea de defensa ante la desatención del sistema sanitario. Con la nueva reforma, esa línea peligra, dejando a pacientes graves en un limbo jurídico donde el derecho a la salud se enfrenta al concepto abstracto de “interés social”.
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