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Gobierno federal prepara expropiación de tierras en Uxpanapa para regularizar asentamientos de familias indígenas

Uxpanapa, Ver.,
a 23 de septiembre de 2025.- El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) informó que el gobierno federal prepara un proceso de expropiación de tierras en el municipio de Uxpanapa, con el objetivo de otorgar certeza jurídica y títulos de propiedad a cerca de 50 mil familias indígenas, principalmente chinantecas, que fueron reubicadas en la década de 1970 y nunca recibieron los apoyos prometidos.

José Daniel Magallanes Galaviz, representante del Insus, explicó que las acciones comenzarán con un primer bloque equivalente al 10 por ciento de la meta total, lo que implicaría regularizar las tierras de aproximadamente 5 mil familias.

“El objetivo es garantizar que los descendientes de estas comunidades puedan obtener sus escrituras sin costo alguno, después de más de cinco décadas esperando justicia”, indicó Magallanes.

Estas familias fueron desplazadas desde Oaxaca bajo promesas incumplidas del gobierno federal de entonces, que incluían viviendas, vehículos y proyectos productivos. Sin embargo, los reubicaron en áreas selváticas con apoyos mínimos y sin soluciones integrales.

El funcionario del Insus detalló que las tierras a expropiar se ubican dentro del municipio de Uxpanapa, aunque se descartarán zonas de riesgo o áreas naturales protegidas antes de proceder. Los estudios técnicos para definir los polígonos a regularizar podrían tomar aproximadamente seis meses, y se estima que el proceso legal para emitir los títulos comience a principios de 2026.

Las comunidades de Uxpanapa surgieron a raíz de un proyecto impulsado por el gobierno de Luis Echeverría, que prometía tierras fértiles, viviendas dignas, caminos, escuelas y centros de salud. Aunque recibieron parcelas y casas básicas, las familias enfrentaron deficiencias en servicios, conflictos por la tenencia de la tierra y compensaciones incumplidas, una deuda histórica que el gobierno federal busca ahora resarcir mediante este proceso de expropiación y regularización.

Con esta acción, se busca dar certeza jurídica, proteger los derechos de las familias indígenas y garantizar la posesión legal de sus tierras, cerrando un capítulo pendiente que ha afectado a estas comunidades por más de 50 años.

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