Uribe, ante el reloj judicial: jueza extiende plazo para apelar condena por fraude y soborno
Colombia, a 2 de agosto de 2025.- La justicia colombiana le dio una ligera tregua al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, otorgó una prórroga de dos días al equipo de defensa del exmandatario para que presente la apelación a la sentencia que lo condena a 12 años de prisión domiciliaria.
La decisión se da en medio de la tensión jurídica y mediática que ha generado este fallo histórico, el primero de esta magnitud contra un expresidente en Colombia. Uribe fue hallado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, una causa que ha tenido un largo y complejo recorrido en los estrados judiciales.
La defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, había solicitado cinco días adicionales alegando que el fallo —de más de mil páginas— requiere un análisis minucioso. Sin embargo, la jueza Heredia solo concedió dos días, acogiendo parcialmente la propuesta del Ministerio Público, y fijó el nuevo límite para el 13 de agosto a las cinco de la tarde.
La ley colombiana establece que las apelaciones deben presentarse dentro de los cinco días hábiles tras conocerse la sentencia. Pero el calendario judicial se vio alterado por el festivo del 7 de agosto, lo que desplazó el plazo original al día 11. Heredia, usando su facultad, extendió el tiempo ante la complejidad del caso y la solicitud formal del abogado defensor.
Uribe, de 73 años, no solo enfrenta una condena de 12 años de prisión en su domicilio, sino también una multa superior a los 3.400 millones de pesos colombianos (alrededor de 822 mil dólares) y la inhabilitación por más de ocho años para ejercer cargos públicos.
La jueza también ordenó al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro —donde reside el exmandatario— que expida la boleta de encarcelación y garantice su traslado inmediato al lugar donde cumplirá su arresto domiciliario bajo vigilancia judicial.
Mientras tanto, el país observa con atención. La figura política más influyente del siglo XXI en Colombia enfrenta uno de los capítulos más decisivos de su vida pública, en un escenario donde la justicia busca demostrar que, incluso para los más poderosos, la ley no es negociable.




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