Reforma en materia de desaparición: ¿realmente es un paso adelante o una deuda pendiente disfrazada de avance?
Turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, la iniciativa tiene como propósito –según el discurso oficial– “dar celeridad” a los procesos de localización e identificación. Sin embargo, entre lo escrito en el papel y lo vivido en la calle por cientos de familias que buscan a sus desaparecidos, la distancia sigue siendo abismal.
Una reforma con buenas intenciones… pero insuficiente
El proyecto contempla la utilización obligatoria de la CURP como eje de identificación, el acceso de la Fiscalía Especializada y de la Comisión Estatal de Búsqueda a bases de datos biométricos y registros de identidad, y la práctica forense obligatoria antes de enviar cuerpos no identificados a fosas comunes. Además, se prevé el fortalecimiento institucional de la Fiscalía Especializada con personal capacitado.
Todo suena bien. Pero el problema no es nuevo, y las familias lo saben: las leyes existen, las bases de datos también, pero la voluntad política y la asignación de recursos muchas veces se quedan cortas frente a la magnitud de la tragedia.
Organizaciones de búsqueda y colectivos de familiares llevan años exigiendo que los registros se interconecten, que las autoridades actúen con celeridad desde el primer momento, que se tomen muestras genéticas sin trabas burocráticas y, sobre todo, que se les escuche. El dolor de quienes buscan a un hijo, un padre o una hermana no se alivia con reformas incompletas o con cambios cosméticos que no se aplican en campo.
La deuda del Estado sigue viva
En Veracruz, uno de los estados con más fosas clandestinas localizadas en los últimos años, el Estado aún carga una deuda histórica con los familiares de personas desaparecidas. Muchos de estos casos siguen sin investigarse con profundidad, sin peritajes adecuados, sin la dignidad que merece cada ser humano.
Aunque esta reforma promete acelerar el acceso a la información y agilizar las búsquedas, queda en entredicho si las instituciones realmente están listas para responder. ¿Cuenta la Fiscalía con el personal suficiente? ¿Tienen los peritos el equipo adecuado? ¿Existe coordinación real entre instancias federales, estatales y municipales? ¿Y qué pasa con el respeto al dolor de las familias?
¿Un avance o una estrategia política?
El anuncio llega en un contexto donde el gobierno estatal busca mostrar resultados concretos en temas sensibles. Sin embargo, el reto no es solo legal ni técnico: es profundamente humano. Se trata de devolver esperanza, justicia y verdad a miles de familias.
Por ello, no basta con reformas. Se necesita seguimiento, supervisión y, sobre todo, voluntad de actuar sin dilación ni excusas. Las víctimas no son cifras, y sus familias no pueden seguir esperando.
Porque cuando se habla de desapariciones, cada día cuenta. Cada segundo importa. Y cada reforma debe ir acompañada de acciones reales, no solo de discursos bien redactados desde la comodidad del poder.
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