Nueva solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno reabre debate sobre legalidad y uso político de la justicia
El presidente de dicha sección, Hugo Eric Flores Cervantes, informó que será entre este viernes y el próximo lunes cuando se notifique formalmente al senador sobre esta nueva acusación. Sin embargo, aclaró que el proceso formal iniciará hasta septiembre, una vez que comience el periodo ordinario de sesiones del Congreso.
“Nos acaba de llegar (…) Vamos a estudiar perfectamente este asunto. Nosotros empezamos a desahogarlo en el periodo ordinario”, explicó Flores, evitando comprometer fechas concretas para el desarrollo del expediente.
Este nuevo procedimiento no cuenta aún con plazos definidos para la presentación y análisis de pruebas por parte de ambas partes, lo cual ocurrirá posteriormente, una vez que se dé por iniciado oficialmente el expediente legislativo.
Esta solicitud de desafuero revive el entorno de tensión jurídica y política que rodea a Moreno Cárdenas, quien ya enfrentó en 2022 una solicitud similar, también impulsada por la Fiscalía de Campeche, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Aquel procedimiento fue desechado luego de que la misma Fiscalía se desistiera formalmente, dejando el caso sin materia.
Flores Cervantes aclaró que el cierre del expediente anterior no fue resultado de un amparo ni de una exoneración judicial, sino de un fallo procesal en el que no se llegó a emitir dictamen legislativo en la legislatura pasada, por lo cual el juicio de procedencia quedó sin resolución.
“Esto no es el resultado de un amparo o exoneraciones. Nosotros no somos jueces; esto queda totalmente concluido por un tema de procedimiento”, afirmó.
Ante la nueva solicitud, Alejandro Moreno reaccionó de inmediato, asegurando que esta acción de la Fiscalía campechana busca reemplazar el caso anterior, el cual —según sus declaraciones— ya fue desechado por los tribunales tras comprobarse que las pruebas en su contra fueron obtenidas de manera ilegal.
Recordó que cuenta con un amparo sobre el cateo realizado en su propiedad, el cual determinó que la diligencia fue realizada de manera indebida, por lo que las pruebas obtenidas en ese operativo quedaron invalidadas y, en consecuencia, se cayeron las acusaciones derivadas de ese procedimiento.
“Esta nueva acusación solo busca sustituir la que ya ganamos en tribunales. No hay sustento jurídico real”, declaró el legislador priista.
Pese a las declaraciones de Moreno, Hugo Eric Flores fue enfático al señalar que no se trata de una persecución política y que la Sección Instructora ha trabajado con apego estricto a la legalidad.
“No hay persecución política. Los asuntos de la Sección Instructora desde que soy presidente siempre se han llevado conforme a derecho, no nos interesa la parte política”, aseveró el diputado.
El debate en torno a si este nuevo intento de desafuero responde a motivaciones legales legítimas o si forma parte de una estrategia de desgaste político se mantiene abierto, especialmente cuando sectores de la opinión pública cuestionan si la justicia en México es selectiva o está siendo instrumentalizada con fines partidistas.
En contraste, figuras cercanas al oficialismo han señalado que el fuero no debe servir como escudo para actos de corrupción, y que permitir el análisis de estos casos representa un paso hacia la rendición de cuentas sin privilegios.
La Sección Instructora se prepara para analizar el fondo de esta nueva solicitud a partir de septiembre. En ese momento, y tras la notificación oficial al legislador, ambas partes —la Fiscalía estatal y la defensa de Moreno— deberán presentar pruebas, alegatos y solicitar audiencias.
Mientras tanto, el expediente ya ha encendido el foco mediático y legislativo. A diferencia del proceso anterior, esta nueva acusación llega en un momento clave de reconfiguración política, en vísperas de la toma de posesión de nuevos gobiernos y con el PRI en pleno proceso de redefinición de su papel en el escenario nacional.
No hay comentarios