Escándalo sanitario en Argentina: fentanilo contaminado deja al menos 87 muertos y Gobierno apunta a “mala praxis”
En entrevista televisiva, Lugones culpó al Laboratorio Ramallo, propiedad de HLB Pharma, clausurado tras detectarse que las ampollas de fentanilo distribuido en decenas de hospitales contenían bacterias multiresistentes. “Me pongo muy mal cuando hablo de esto, porque soy médico y esto es un atentado a la gente. No tienen derecho a hacer lo que hicieron”, declaró.
El ministro apuntó que el Iname, dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), pudo incurrir en negligencia o corrupción, al tiempo que aclaró que las actuales autoridades del organismo no son responsables del caso, señalando diferencias entre la titular Gabriela Mantecón y la directora actual Agustina Bisio.
Lugones fue contundente sobre los responsables directos: “No se puede creer que un laboratorio sea sucio. No tienen perdón de nadie, hay que meterlos presos a ellos y todos los cómplices. Esta gente llegó acá porque tiene cobertura política, y no de este Gobierno”, refiriéndose a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, quien había intentado politizar el caso.
El caso involucra dos lotes de fentanilo, producidos en diciembre de 2024, que suman más de 300 mil ampollas distribuidas en más de 200 hospitales. El potente opiáceo sintético fue administrado principalmente en unidades de cuidados intensivos, lo que agrava la vulnerabilidad de los pacientes afectados.
Hasta ahora, los fallecimientos se han registrado en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Formosa y la Ciudad de Buenos Aires, cifra que podría aumentar conforme avanza la investigación. Se han identificado 24 sospechosos, incluidos García Furfaro, socios y empleados del laboratorio; todos tienen prohibida la salida del país, bienes inhibidos y se les investiga patrimonialmente, tras más de 22 allanamientos en empresas, oficinas públicas y domicilios privados.
Lugones aseguró que el Ministerio de Salud continúa realizando controles adicionales para verificar si la inspección gubernamental sobre el laboratorio se llevó a cabo correctamente y confirmó que se trabaja con los familiares de las víctimas para agilizar la investigación sin politizarla: “Estamos de acuerdo con los familiares, queremos que se resuelva lo más rápido posible”.
El escándalo plantea serias preguntas sobre los sistemas de control sanitario en Argentina, la responsabilidad de laboratorios privados y la efectividad de los organismos públicos en la protección de los pacientes más vulnerables.
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