Baja California: el órgano garante de transparencia, lejos de rendir cuentas
La mayoría de las dependencias estatales dejaron de actualizar información pública de oficio, como contratos, nóminas y currículos de funcionarios, mientras que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) —que concentra alrededor de 15 millones de registros de gobiernos de todo el país— dejó de reflejar datos actualizados sin que esto tuviera consecuencias.
La situación se agrava con la actitud del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) de Baja California, considerado por expertos como sumamente complaciente y dócil ante la falta de cumplimiento de las dependencias.
Un análisis del apartado del ITAIP en la PNT revela que los propios comisionados han incumplido en ofrecer datos abiertos a la ciudadanía. Aunque la nómina del instituto, que no supera los 30 trabajadores, está actualizada, los comisionados Jimena Jiménez Mena, Luis Carlos Castro Vizcarra y José Francisco Gómez McDonough no han cumplido con otros temas esenciales, como la reglamentación y publicación de declaraciones patrimoniales.
Al consultar la sección de “declaraciones patrimoniales”, se observa que la información de los comisionados está incompleta. Aunque perciben 99 mil pesos mensuales, utilizan como pretexto la inoperancia del Congreso del Estado para justificar la falta de transparencia:
“Se informa que se encuentra en proceso de generación del hipervínculo correspondiente. Se está trabajando en coordinación con la Contraloría del Congreso del Estado y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con el propósito de trasladar las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas del ITAIPBC a la Plataforma Nacional, en atención a los lineamientos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.”
El mensaje aparece en más de 20 apartados de las declaraciones, lo que evidencia la intención de justificar su negativa a cumplir con los mínimos lineamientos de transparencia.
Mientras que a nivel federal sí existen lineamientos para conocer las declaraciones patrimoniales y de intereses de los representantes públicos, en Baja California la ausencia de normas locales ha servido como pretexto para que el ITAIP no haga pública su información, lo que refleja un vacío de rendición de cuentas incluso frente a los ciudadanos.
El instituto tampoco ha publicado información clave sobre contratos de servicios, arrendamientos o adquisiciones realizadas durante 2025, lo que constituye una irregularidad adicional.
Si el órgano garante de transparencia no establece un ejemplo de rendición de cuentas, surge la pregunta inevitable: ¿qué podemos esperar del resto de los funcionarios y representantes públicos en Baja California?
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