Educación en tensión: SEV desestima demandas del SNTE y mantiene a funcionarias cuestionadas
La titular de la SEV, Claudia Tello Espinosa, confirmó que Nidia Carilú Nava Palomé, responsable de Educación Indígena, y Neyra Arleth Bautista Mayorga, al frente de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), no serán separadas de sus funciones. Aseguró que sus nombramientos provienen directamente de la gobernadora del estado, por lo que su remoción no está en sus manos.
Esta respuesta ha generado inconformidad entre el gremio magisterial, que durante sus protestas en el zócalo de Veracruz exigió la destitución inmediata de ambas funcionarias. Según Rosa Alicia Aurora Martínez Oropeza, representante sindical, la dirección de Educación Indígena ha desatendido sistemáticamente las necesidades de los docentes en comunidades originarias.
“No han dado respuesta a nuestras problemáticas. La directora no escucha ni actúa. Es urgente su salida”, expresó Martínez Oropeza.
En relación con los más de 9 mil docentes que solicitaron su cambio de adscripción a través de la plataforma habilitada por la SEV, la secretaria Tello señaló que el proceso avanza con transparencia, y que alrededor de mil movimientos se han resuelto en la etapa “intra zona”.
No obstante, el bajo porcentaje de casos atendidos, aun cuando el ciclo escolar está por iniciar, revela un rezago preocupante y falta de operatividad efectiva. Pese a que la SEV asegura que los listados llegan desde oficinas centrales de la SEP en la Ciudad de México, persisten dudas sobre la equidad del proceso y su aplicación en las zonas más vulnerables.
La postura de la SEV frente al conflicto ha sido interpretada por varios sectores como una falta de voluntad para revisar la operatividad interna del sistema educativo estatal. Mientras el discurso institucional insiste en la legalidad y transparencia, la realidad de miles de docentes en zonas indígenas sigue marcada por la exclusión, la desatención y el rezago.
El riesgo, advierten voces del SNTE, es que se profundice la desconfianza en las autoridades educativas, lo que podría traducirse en una mayor fractura entre el magisterio y la administración estatal, en un momento donde la estabilidad y eficiencia del sistema educativo deberían ser prioridad.
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