Nombramiento exprés en la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz: Rocío Nahle impone a Lutgarda Madrigal sin publicar evaluaciones.
El documento de designación, con fecha del 23 de junio de 2025, fue emitido por el Ejecutivo estatal sin que se hicieran públicas las evaluaciones individuales de los perfiles postulados, un punto que ha generado señalamientos de opacidad y simulación en un proceso que debía regirse por principios de transparencia, objetividad y mérito.
Aunque el nombramiento cita los artículos correspondientes de la Constitución local y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, lo cierto es que se consuma sin explicar los motivos técnicos ni los puntajes obtenidos por cada aspirante, tal como se había prometido.
“Extiendo a usted la confianza que me ha otorgado la ciudadanía de Veracruz, con la seguridad de que habrá de desempeñar la encomienda conferida dignamente”, escribió Nahle en el documento oficial dirigido a Madrigal Valdez.
La ahora comisionada ya se desempeñaba como encargada de despacho del organismo, lo que en la práctica favoreció su posición durante el proceso. Su designación ocurre a pesar de que el Órgano Técnico de Consulta entregó un informe incompleto a la Secretaría de Gobierno, sin incluir las calificaciones individualizadas que debieron sustentar la decisión final.
Un proceso desdibujado
De acuerdo con las bases previamente establecidas, los perfiles debían ser evaluados en cuatro rubros:
Conocimientos técnicos y experiencia (40%)
Plan de trabajo (30%)
Capacidad de relacionamiento con víctimas y autoridades (20%)
Probidad y calidad moral (10%)
Sin embargo, el documento entregado por el órgano evaluador omitió cualquier tipo de ponderación numérica, lo que impide verificar si existió una valoración real o si la decisión ya estaba tomada de antemano.
La terna final estuvo integrada por:
Lutgarda Madrigal Valdez (entonces encargada del organismo)
Juan José Aguirre Hernández (director de Búsqueda)
Tamara Gidi Vélez (colaboradora de la misma Comisión)
Entre los aspirantes registrados en la convocatoria también figuraban Rafael Rosas Flores, Vicente Romero Ortega, Juan Emmanuel Rodríguez Castillo y José Casas Chávez, quienes no fueron considerados en la terna final sin mayor explicación pública.
Colectivos denuncian imposición
Organizaciones de familiares de personas desaparecidas han señalado desde el inicio que el proceso careció de mecanismos efectivos de consulta y participación real, y advirtieron el riesgo de una ratificación disfrazada de la actual administración de la Comisión.
La rapidez con la que se emitió el nombramiento, sin transparentar los criterios de evaluación, ha encendido las alarmas de quienes esperaban un cambio de rumbo en la Comisión, cuya labor es fundamental para más de 6 mil familias veracruzanas que siguen buscando a sus seres queridos.
"Se violentaron los principios de imparcialidad y mérito; esto es una imposición que simula un proceso participativo", expresó una representante del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, quien pidió permanecer en el anonimato por seguridad.
Con esta decisión, Rocío Nahle arranca su mandato poniendo en entredicho su compromiso con la verdad y la justicia para las víctimas de desaparición forzada, en un estado que continúa siendo uno de los más golpeados por esta crisis humanitaria.
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