Aprueban polémica Ley de la Guardia Nacional: opositores acusan intento de espionaje y militarización
La reforma desató una tormenta política en San Lázaro: mientras Morena defendió la iniciativa como un paso decisivo para fortalecer la seguridad del país, la oposición advirtió sobre un preocupante avance del militarismo y la legalización del espionaje contra ciudadanos.
Durante la discusión, Guillermo Anaya, diputado del PAN, fue tajante:
“Esto no es una ley de seguridad, es un permiso abierto para espiar a los mexicanos. Pretenden vigilar nuestros teléfonos, seguirnos por GPS y meterse a nuestras vidas privadas con el pretexto de la seguridad”.
El Partido Acción Nacional votó en bloque contra la reforma y acusó a Morena de imponer una agenda de control ciudadano encubierta bajo el discurso de combate al crimen.
Por su parte, Julio César Moreno, legislador morenista, aseguró que la ley “no militariza, sino profesionaliza a la Guardia Nacional” y que mantiene la conducción civil, aunque esté coordinada desde Sedena.
“Esta reforma es parte de una estrategia nacional para devolver la paz a las calles. Quienes hoy se oponen prefieren el caos que dejaron sus gobiernos”, dijo desde tribuna.
Morena también defendió la posibilidad de que integrantes de la Guardia Nacional puedan postularse a cargos públicos, siempre y cuando se separen de sus funciones al menos seis meses antes del proceso electoral. Para la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, esta disposición representa un peligroso cruce entre poder militar y político:
“Estamos abriendo la puerta a una militarización institucionalizada. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Militares dirigiendo municipios? ¿Gobernadores en uniforme de campaña?”
Desde el PRI, el coordinador Rubén Moreira lanzó una advertencia alarmante:
“Con esta reforma, todos los elementos de la Guardia Nacional pasan al Ejército. Es el fin del carácter civil de esta corporación. Es llevar la militarización al extremo”.
La bancada priista también denunció la creciente concentración de poder en la Sedena y exigió mayor control parlamentario sobre sus acciones y presupuesto.
En un intento por matizar las críticas, se aprobó una reserva que establece que la formación de los elementos de la Guardia Nacional deberá incluir perspectiva de género, respeto a los derechos humanos e interculturalidad. No obstante, analistas señalan que estas cláusulas podrían quedar como letra muerta si no hay mecanismos independientes de supervisión.
La nueva Ley de la Guardia Nacional pasará ahora al Senado, donde se prevé una batalla legislativa aún más intensa. Mientras tanto, organizaciones civiles, académicos y defensores de derechos humanos han comenzado a preparar acciones legales para impugnar la constitucionalidad de la reforma, por considerar que viola principios fundamentales de privacidad y control civil de las fuerzas armadas.
El periodo extraordinario de sesiones en el Congreso continuará este miércoles, con nuevos temas en agenda relacionados con la seguridad nacional. Pero el debate más encendido ya está en la calle: ¿es esta ley un escudo contra el crimen o una puerta abierta al autoritarismo?
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