Trump considera suspender el habeas corpus para expulsar migrantes sin juicio: “Estamos en una invasión”

Estados Unidos, a 11 de mayo del 2025.- La Casa Blanca, bajo la presidencia de Donald Trump, está evaluando una de las medidas más controversiales en la historia moderna de Estados Unidos: la suspensión del derecho al habeas corpus con el fin de expulsar migrantes de manera masiva y sin control judicial. La decisión, que evocaría escenarios de excepción constitucional, ha generado una ola de críticas tanto dentro como fuera del país.

“Estamos enfrentando una invasión”, afirmó Stephen Miller, principal asesor del presidente y arquitecto de su política migratoria, justificando la posibilidad de aplicar una cláusula constitucional que permite suspender garantías legales “en tiempos de rebelión o invasión”.

El habeas corpus, derecho fundamental consagrado en la legislación estadounidense, garantiza que ninguna persona pueda ser detenida arbitrariamente sin comparecer ante un juez. Su suspensión ha sido extremadamente rara: solo ha ocurrido en cuatro ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos, todas vinculadas a contextos de guerra o estados de excepción.

Sin embargo, la administración Trump considera que el actual flujo migratorio en la frontera con México justifica medidas de esta magnitud. Entre los escenarios que se estarían barajando, destaca el uso de centros de detención extranjeros como el CECOT, la megacárcel de El Salvador, a la que ya han sido enviados varios migrantes, incluso aquellos con estatus legal en el país, como el caso de Kilmar Ábrego García, cuya deportación ha sido señalada como ilegal por la Suprema Corte.

Frente a los múltiples fallos judiciales en contra de estas políticas, el Gobierno republicano ha adoptado una postura de confrontación con el Poder Judicial. Stephen Miller ha calificado a los jueces federales como “activistas” y los ha acusado de intentar ejecutar un “golpe de Estado judicial”.

“Estamos considerando de manera activa todas las opciones constitucionales. Todo dependerá de si las cortes hacen lo correcto o no”, dijo Miller a reporteros, dejando claro que la administración está dispuesta a llevar al límite las instituciones legales del país.

Las expulsiones al CECOT —cárcel conocida por sus condiciones extremas y su régimen de aislamiento— han encendido las alarmas en organismos de derechos humanos, que han presentado demandas en distintas instancias. En la mayoría de los casos, los tribunales han fallado a favor de los migrantes, invocando precisamente el principio del habeas corpus para evitar detenciones y deportaciones arbitrarias.

Además, activistas universitarios pro-palestina también han sido blanco de estas medidas, lo que ha incrementado las denuncias por persecución política y violaciones sistemáticas de derechos civiles.

Expertos constitucionalistas advierten que la suspensión del habeas corpus no solo significaría una ruptura profunda con el Estado de Derecho, sino que abriría la puerta a abusos indiscriminados de poder.

“Lo que se está discutiendo aquí no es una política migratoria, es la cancelación de uno de los principios más sagrados del sistema legal estadounidense”, alertó un exfuncionario del Departamento de Justicia.

Con las elecciones en el horizonte, Trump ha intensificado su retórica antiinmigrante y parece estar utilizando el miedo como palanca política. Pero esta vez, el precio podría ser la erosión misma de las garantías constitucionales que definen la democracia estadounidense.