Niega Rocío Nahle vínculos familiares con empresario señalado en caso de contratos millonarios; califica reportaje como "mentira"
En su cuenta oficial de X (antes Twitter), la mandataria estatal respondió a los señalamientos realizados por el medio Animal Político, luego de que este martes una reportera cuestionara a la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina respecto al presunto vínculo entre su yerno y las empresas Ethomedical y Abastecedora de Medicinas y Materiales.
"Repito: no conozco a la persona que la reportera de Animal Político refiere en la mañanera... socio, esposa, amigo del amigo de mi yerno, NO lo conozco. También repito: es MENTIRA que se haya otorgado permiso de importación de hidrocarburos", escribió Nahle.
Asimismo, defendió su postura señalando que en el año 2022 —cuando supuestamente ocurrieron los hechos— Fernando Bilbao “aún no formaba parte de su familia”, minimizando así cualquier posibilidad de conflicto de interés.
El escándalo se desató tras la publicación de una investigación especial de Animal Político, en la que se detalla cómo dos empresas vinculadas a Bilbao habrían recibido más de mil 100 millones de pesos en contratos con el IMSS mediante adjudicaciones directas en al menos 20 estados de la República.
La investigación también expone la venta de medicamentos a precios significativamente inflados: casos como el de Sitagliptina, vendida a más de 2 mil pesos, cuando su precio comercial ronda entre 120 y 300 pesos; o aspirina, comercializada en 40 pesos por caja, muy por encima de su valor regular de 7 a 11 pesos.
Durante la conferencia presidencial, Claudia Sheinbaum afirmó no tener información suficiente sobre el caso y aseguró que será la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Anticorrupción las que realicen las investigaciones correspondientes.
"Si hay algo que revisar, se revisa (...) no puedo decir si es correcto o incorrecto si no hemos checado la información que ustedes brindan", respondió la presidenta.
Mientras tanto, el caso se coloca en el centro del debate sobre la transparencia en los procesos de adjudicación de contratos en el sector salud, donde millones de pesos del erario público estarían involucrados en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.
Organizaciones de la sociedad civil ya han solicitado a la Secretaría de la Función Pública que abra una carpeta de investigación, no solo sobre las empresas señaladas, sino también para esclarecer si existe un conflicto de interés con funcionarios o familiares de servidores públicos, incluido el entorno de la gobernadora veracruzana.
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