Cuatro estados en alerta roja ante falta de recursos para la elección judicial: Veracruz entre los más afectados
Los estados en riesgo alto son Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit y Veracruz, entidades donde los gobiernos locales no han entregado los fondos necesarios a sus organismos electorales para llevar a cabo esta elección extraordinaria, que por primera vez definirá cargos del Poder Judicial mediante el voto ciudadano.
Según Giordano, además de las cuatro entidades en alerta crítica, seis estados enfrentan un riesgo medio, mientras que nueve se encuentran sin riesgo, por haber cumplido con los recursos y la planeación requerida.
Panorama por entidad
Zacatecas solicitó 70 millones de pesos, pero hasta la fecha sólo ha recibido 25 millones, lo que impide la contratación de asistentes electorales y la firma del convenio de coordinación con el INE.
San Luis Potosí, con 110 millones autorizados, sólo ha recibido 67.7 millones, también sin poder garantizar las etapas básicas del proceso.
Nayarit apenas logró una ampliación presupuestal de 30 millones, muy por debajo de los 115 millones solicitados para realizar la elección judicial.
En el caso de Veracruz, la situación es más crítica aún, pues ni siquiera ha solicitado ampliación presupuestal y no ha cumplido sus compromisos con el INE, especialmente en lo relacionado con la jornada extraordinaria para personas juzgadoras.
Exigen definición urgente
Durante la sesión en que se expuso el informe, la consejera Dania Ravel lanzó un llamado enérgico para que se defina, a la brevedad, si la elección judicial en estas entidades puede o no llevarse a cabo. Advirtió que, a diferencia de otros procesos, en esta ocasión el Instituto Nacional Electoral no cuenta con presupuesto adicional para subsidiar a los organismos locales.
“Es una situación delicada. No se trata de una elección ordinaria, sino de un proceso histórico para el país, que no puede improvisarse ni desarrollarse sin las garantías mínimas de organización”, puntualizó Ravel.
Simulacro revela deficiencias
La preocupación se intensificó luego de que el INE realizara un simulacro de votación dirigido a personas con discapacidad, donde se detectaron diversas deficiencias operativas y de accesibilidad. Este ensayo dejó claro que los OPLES, sin recursos suficientes, no están en condiciones de asegurar una elección incluyente ni funcional.
La falta de financiamiento y la improvisación logística amenazan con generar un colapso democrático en estas entidades, por lo que se espera que, en los próximos días, los gobiernos estatales respondan a las exigencias de sus órganos electorales.
Mientras tanto, el reloj avanza, y la credibilidad de la elección judicial pende de un hilo.
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