Productores del norte de Tamaulipas denuncian entrega anticipada de agua a EE.UU. como ilegal y autoritaria

México, a 29 de abril del 2025.- Representantes del Consejo de la Cuenca del Río Bravo y del Distrito de Riego 025 levantaron una fuerte denuncia contra el gobierno federal, al calificar como ilegal, autoritario y violatorio del Tratado de Aguas de 1944 el reciente acuerdo mediante el cual se decidió adelantar la entrega de agua a Estados Unidos, sin consultar a los productores agrícolas del norte de Tamaulipas, quienes dependen del caudal del Río Bravo para sostener su actividad productiva.

El ingeniero Jorge Luis López Rodríguez, integrante del Consejo de Cuenca del Río Bravo, advirtió que esta decisión coloca en riesgo crítico el abasto de agua para el ciclo agrícola 2025, afectando directamente a miles de hectáreas de cultivo y a productores que ya operan con restricciones severas.

“El acuerdo viola lo que la presidenta Claudia Sheinbaum prometió hace apenas una semana: que cualquier entrega sería condicionada a la disponibilidad del recurso y sin dañar a los agricultores mexicanos. Hoy vemos lo contrario: una entrega adelantada, sin claridad sobre su origen y sin considerar los derechos de los usuarios nacionales”, expresó López Rodríguez.

Aunque el gobierno federal no ha precisado cómo ni de dónde se extraerá el agua que se enviará al país vecino, se ha señalado que no será necesario realizar un nuevo trasvase de la presa La Amistad a la presa Falcón, ya que el volumen almacenado puede ser transferido directamente a la contabilidad estadounidense, una maniobra que, según especialistas, podría representar una cesión silenciosa de soberanía hídrica.

López argumentó que la entrega anticipada no sólo rompe con el principio de reciprocidad del tratado bilateral firmado en 1944, sino que pone en jaque la seguridad hídrica de la región, al considerar agua destinada a los productores mexicanos como parte del pago a Estados Unidos.

“No se necesita mover físicamente el agua. Basta con que se cambie su titularidad en papel para que se convierta en volumen estadounidense, y eso se está haciendo desde nuestras propias presas, a espaldas de quienes dependen de ellas”, sentenció.

Por su parte, Juan Manuel Salinas Sánchez, de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, denunció que se ha iniciado un trasvase desde la presa El Cuchillo (Nuevo León) hacia la Marte R. Gómez (Tamaulipas), sin informar a los usuarios del Distrito de Riego 025, violando el derecho a la consulta y la transparencia en el manejo del recurso.

Salinas añadió que estas presas no están contempladas dentro del Tratado de Aguas, por lo que su uso para cumplir con compromisos internacionales sería una acción sin sustento legal ni técnico.

“El gobierno federal actúa con imposición, sin diálogo y sin respetar los compromisos nacionales. Llevamos 20 años sin que se nos cumpla con la dotación completa de agua, y ahora además nos descuentan más para pagar una deuda que, en teoría, vence hasta el 24 de octubre”, subrayó.

El Distrito 025, con una concesión de 1,180 millones de metros cúbicos, ha recibido en este ciclo apenas 250 millones, suficientes para regar sólo la mitad de las 202 mil hectáreas contempladas y dar servicio a 15,970 usuarios. En contraste, México ha entregado ya 612 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, con un rezago restante de 1,573 millones, que deberá saldarse antes del 24 de octubre próximo.

Tanto López como Salinas coincidieron en que la decisión obedece más a presiones políticas externas —particularmente del expresidente Donald Trump— que a necesidades técnicas o legales, y criticaron que la presidenta Sheinbaum haya cedido a tales presiones sin proteger a los agricultores mexicanos.

“No hay otra explicación posible para una medida de esta naturaleza. Es un acto de sumisión innecesaria y sin precedente reciente”, afirmaron.

Hasta ahora, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha ofrecido una versión oficial ni ha dialogado con los representantes de la Cuenca. Tampoco el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha emitido posicionamiento, pese a que, según declaraciones de la presidenta, habría respaldado la decisión de adelantar las entregas.

El silencio contrasta con el caso del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien el pasado 15 de abril expresó abiertamente su rechazo a la extracción adicional en la presa La Amistad, logrando frenar temporalmente la operación.

La polémica por el agua en el norte del país continúa escalando, mientras la desinformación y la falta de diálogo institucional agravan la tensión entre autoridades y productores, quienes ya advierten consecuencias económicas y sociales si no se garantiza su derecho a una gestión justa y transparente del recurso hídrico.